Una iniciativa legislativa de la diputada Jessica Ayala busca reformar el Código Procesal Penal del Chaco para que en casos de femicidios y hechos de violencia de género puedan intervenir en el proceso penal bajo la fígura de querellantes las asociaciones y fundaciones debidamente constituidas que tengan en sus estatutos la defensa de estos derechos de mujeres y otras minorías.

Mediante el proyecto de ley número 1026/2020, la diputada Jessica Ayala impulsa una iniciativa en la Legislatura que modifica el inciso “B” y “C” del artículo 12 de la ley 965-N (antes ley 4358) del Código Procesal Penal.
La iniciativa de la legisladora justicialista se haya en comisiones y plantea la necesidad de ampliar el derecho a constituirse como querellantes a las asociaciones y fundaciones que presenten personería jurídica registrada conforme a la ley y cuyo objeto social se vincule con la defensa de los derechos humanos en relación con los colectivos de mujeres y minorías que padecen estos hechos de violencia.

Ayala fundamenta su proyecto en buscar una ampliación que incorpore a otros sujetos al proceso penal en la fígura de querellantes en “aquellos hechos punibles que afecten intereses difusos y/o colectivos y/o individuales, siempre que tengan dentro de su objeto estatutario la defensa contra las graves violaciones a los derechos humanos y/o las violencias en razón de los géneros y/o hacía las identidades disidentes”.

El proyecto incorpora además la habilitación para que actúe como querellante “la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en los casos de su exclusiva competencia”, sumándose así al Comité de Prevención contra la Tortura y otros Tratos crueles, inhumanos y degradantes, que ya tenía reconocida esa facultad.

La propuesta deja en claro que “cuando los querellantes particulares fueren varios y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo, es decir que deberán unificar su representación”.

La diputada Jessica Ayala busca que su proyecto de ampliación de las figuras de querellante particular “abarque todos aquellos casos de femicidios y otros delitos que constituyan violencia contra las mujeres: se busca autorizar la participación no solo de los afectasos directos, sino también de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones que posean personería jurídica y tengan dentro de su objeto social la defensa de los derechos de las mujeres y/o la defensa de los derechos humanos”. Y agregó: “ Esta modificación se propone teniendo en cuenta que, la violencia contra la mujer, constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y que en este sentido, el femicidio es un delito que implica una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Se suma a ello la violencia que padecen aquellas personas que optan por desarrollar un plan de vida bajo una identidad disidente, es decir que no responde a los estereotipos culturales definidos como hegemónicos y que sufren muchas veces la revictimización en un sistema penal que no los acoge como víctimas.

La diputada Ayala busca un rol más amplio de la parte querellante en los casos de femicidios y todos los hechos que constituyan delito en la ley 26.485, permitiendo que asociaciones civiles o fundaciones, que en sus estatutos tengan por objeto la defensa de los derechos de la mujer y/o de los derechos humanos, puedan adquirir el rol de querellante particular y colaborar en el impulso de las investigaciones penales en estos hechos que afectan sectores de altísima vulnerabilidad.