Tras la histórica sentencia del juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, destacó el valor que tuvo este proceso judicial en cuando a la reparación histórica de las comunidades indígenas. Habló también sobre las medidas reparatorias que se deberán tomar, que incluyen cuestiones educativas, de formación de las fuerzas de seguridad y de conmemoración.

Durante un mes y a lo largo de siete audiencias, la jueza Federal, Zunilda Niremperger, fue la encargada de dirigir un juicio histórico: el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí. El mismo concluyó este jueves, con una condena al Estado nacional por haber perpetrado un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio.

“Desde el momento que fue planteado por la fiscalía, este juicio me pareció muy relevante porque era justo pensar en el objetivo que tenía, que era hacer un revisionismo histórico respecto de una situación vivenciada no por una persona sino por dos comunidades de indígenas, que son los Qom y Moqoit”, contó Niremperger en declaraciones a Radio TV de Resistencia .

La magistrada comentó que durante el juicio se escucharon no sólo lo vivenciado en 1924, antes, durante e inmediatamente después de la matanza, sino que también se habló de las cicatrices que dejó la masacre en las comunidades indígenas del Chaco.

“Los descendientes y sobrevivientes hablaron de las secuelas y consecuencias que les quedó del impacto de lo que fue la masacre, que es ser estereotipados, postergados e incluso callar su lengua por miedo a que los ubiquen o tenerle miedo a la policía porque pensaban que los venían a buscar”, señaló.

Niremperger explicó que la sentencia que fue leída este jueves “determina la responsabilidad del Estado y los caracteriza como crímenes de lesa humanidad”. “Es el exterminio de una comunidad o de un grupo de personas que está caracterizado por pertenecer a raza, etnia o población determinada. Eso afecta al alma de la humanidad”, sostuvo.

“Se reconoció que hubo un ataque a las comunidades por parte del Estado, que fue un ataque organizado previamente y que fue una forma también de acción que el Estado tuvo en distintos lugares respecto de distintos momentos de toda una época histórica de nuestro país”, añadió.

También se refirió a las medidas reparatorias, que involucran a la obligación del Ministerio de Educación de la Nación de incluir la historia de Napalpí en todos los planes de estudio, también la capacitación de las fuerzas de seguridad sobre los derechos de los pueblos indígenas y la obligatoriedad del Congreso de declarar al 19 de julio como el Día de la Memoria de Napalpí.

“Cuando se establece una fecha de conmemoración, lo que tiene por finalidad es poder concientizar”, explicó. “Recordar la masacre es replantearnos nuestra actitud ante las comunidades indígenas y también estar alerta ante los excesos del Estado”, añadió.