Es un caso que se remonta a 2014, pero que en 2017 tuvo sus primeras actuaciones judiciales.Se trata de una supuesta estafa a unas 100 familias que compraron terrenos en un predio con la promesa de que en el lugar se iban a construir viviendas.
En la operatoria aparecía el Sindicato de Empleados Judiciales, del que Graciela Aranda era y aún es secretaria General. Al ver que no iniciaban las obras, en el 2017 un grupo de unas 20 personas denunciaron a Aranda por supuesta estafa y también a Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y a Eduardo Vargas, empleado bancario.
La denuncia de hace casi cuatro años afirmaba que los tres “engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras. Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal”.
Ante este escenario, en abril de este año el fiscal de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña, Cristian Arana, pidió el sobreseimiento de los tres imputados en este caso. En la presentación recordó que la defensa de Aranda adjuntó copias de documentos presentados ante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) entre los que consta convenio entre las partes para incrementar la participación de entidades intermedias sin fines de lucro en las acciones desarrolladas para la implementación de planes nacionales con financiamiento dela nación y eventualmente de la provincia y nota solicitando cupo de vivienda dentro del programa Techo Digno, entre otras documentaciones.
Luego de hacer un repaso por declaraciones de diferentes testigos, Arana señaló que “si bien se encuentra acreditado que los imputados Luis Vargas, Miguel Ángel Ramos y Graciela Aranda efectivamente suscribieron con los denunciantes ‘Convenios de reserva de adjudicación en el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre del año 2014, invocando instrumental legal de un supuesto convenio entre el IPDUV y el SEJCH”, sin embargo “la mera percepción del dinero en virtud del convenio privado celebrado no resulta por sí sola suficiente para que la conducta de los nombrados sea subsumida bajo la figura de estafa y asociación ilícita”.
“Es que en la estafa es necesario que el autor del delito, mediante la introducción de un ardid idóneo, haga incurrir a otro en error, quien de ese modo, efectúa una disposición patrimonial que le ocasiona un perjuicio también de contenido patrimonial”, añadió el representante del Ministerio Público Fiscal. “Resulta claro que no se han conformado en el caso los elementos objetivos o subjetivos del delito previsto” expresó también Arana, que a la vez respecto a la asociación ilícita expresó que “no ha resultado posible de comprobarse”.
Luego de ello, uno de los afectados por la operatoria y supuesta estafa, Marcelo Verbeek, presentó la oposición al requerimiento de sobreseimiento de Aranda, Ramos y Vargas. “Lo que no era cierto, en el momento de firmar los Convenios de Reserva de Adjudicación, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco no era entidad beneficiada en el otorgamiento de cupos de crédito para la construcción de esas viviendas, como falsamente fuera consignado en dichos convenios”, planteó Verbeek y añadió que “ya que se ha acreditado que solo se había solicitado la posibilidad de financiamiento para construir ciento cincuenta (150) viviendas en toda la Provincia del Chaco. Sin duda alguna, y como se acredita con la documental obrante en la causa, se trataba de una simple solicitud”.
Así las cosas, agregó que “en esta dirección, queda en evidencia que a la fecha de la celebración de los Convenios no eran beneficiarios de lo que se habían comprometido, tal como lo habían asegurado en la Cláusula Primera de los mismos. Dicho de otro modo no consta en ningún instrumento legal que el Sindicato haya sido beneficiado con la construcción de un barrio judicial con cien (100) viviendas para la ciudad de Pcia. R. Sáenz Peña”.
Segun lo informado por el portal colega Diario Chaco, el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Mariana Benítez, se opuso a este pedido de sobreseimiento de Aranda, Ramos y Vargas planteado por el fiscal Arana y el expediente fue remitido a la Cámara Criminal N° 1 de Sáenz Peña.
Será ahora la fiscal de Cámara María Rosa Osiska la que tome intervención y termine de definir la situación procesal de Graciela Aranda, Miguel Ángel Ramos y Luis Vargas.
Fuente: (Diario Chaco)
