El pasado 21 de marzo de 2017, los concejales de Resistencia María Teresa Celada y José Barbetti por la UCR, y Martín Bogado por la Coalición Cívica ARI presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) contra el Intendente de Resistencia, por «una irregular operación de crédito con el Gobierno provincial, donde el Municipio recibió poco más de $33 millones de pesos, en concepto de un crédito que se enmarca en el programa de devolución progresiva de fondos por parte de la Anses». La cual informaron que había sido «instrumentada por el Gobierno provincial junto a la Fiduciaria del Norte sin que se hayan llevado adelante los pasos marcados por la normativa».

EL CASO 33 MILLONES

En dicha denuncia, los ediles detallaron que los requisitos establecidos por el Decreto 2033/16 firmado por el Gobernador Domingo Peppo, para que los municipios accedan a dicho crédito, eran “la sanción de una ordenanza municipal que adhiera a la Ley N° 7821, una ordenanza que contenga la autorización del Concejo para contraer el empréstito, y el destino del endeudamiento para obras de infraestructura urbana. Recién luego de ello, se firman los convenios correspondientes para acceder a los recursos”.

Sin embargo, el Municipio de Resistencia «contó con la ordenanza de adhesión, pero no con la autorización del Concejo Municipal para la toma de este crédito ni detalle alguno del destino del endeudamiento. A pesar de ello, si recibió los fondos correspondientes», remarcó Celada.

LA RESOLUCIÓN DE LA FIA

La Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), con fecha 22 de diciembre de 2017, elevó su dictamen al Concejo Municipal, que notificó a los ediles en fecha 5 de marzo del corriente. En el mismo, según afirma la concejal María Teresa Celada, “quedan claras tres cosas: en primer lugar, la FIA nos da la razón y afirma que el Municipio efectivamente no cumplió los procedimientos establecidos; en segundo lugar, quedó especificado que el Gobierno provincial cambió la norma en el transcurso de la denuncia, algo que habla muy mal de la calidad institucional de nuestra provincia; y en tercer lugar, la FIA confirma que el Municipio de Resistencia no se ajusta a la Ley de Información Pública al no responder en tiempo y forma los pedidos de informe”.

“¿Podemos cambiar las normas luego de haber iniciado los procesos? La explicación que brinda la FIA en su resolución es realmente increíble”, expresó Celada.

 “En el mismo, se afirma que el Gobierno provincial cambió los requisitos para acceder a los créditos mencionados anteriormente, al modificar el decreto reglamentario de la ley correspondiente”, resaltó.

 “Las explicaciones que dan sobre este caso, es que se encontraron con una superposición de exigencia o un exceso reglamentario, pero lo cierto, es que para la fecha donde se cambió ese decreto, el Municipio no solo ya había iniciado el trámite, sino que ya había cobrado el crédito.

Advertidos de la irregularidad que cometieron, se cambió la norma, avalado además por el Fiscal de Estado y la Asesoría General de Gobierno. Es algo de no creer”, denunció.

Celada continuó declarando que “la FIA resuelve que existe efectivamente un incumplimiento del Departamento Ejecutivo Municipal en el procedimiento. Pero como en el medio de todo cambiaron las normas, no puede hacer más que ello. Esto nos demuestra que estamos ante una enorme falencia institucional, que perjudica claramente a todos”.

“Si hacemos las normas, y las modificamos para tapar una irregularidad, ¿qué clase de mensaje le estamos transmitiendo a los chaqueños?”, se preguntó.

Finalmente, Celada celebró que la FIA haya “recomendado al Ejecutivo Municipal el cabal cumplimiento de la Ley N° 1774-B (antes Ley 6431) de Acceso a la Información, ya que advierte que el Municipio no responde los pedidos de informe en tiempo y forma, y eso afecta a la calidad institucional, a la transparencia y a los propios vecinos que quieren respuestas”.