La fiscal del Tribunal de Cuentas, Liliana Soto, emitió un dictamen por medio del cual recomendó iniciar un Juicio Administrativo de Responsabilidad contra varios actuales y ex funcionarios de la empresa Sameep.
Es por presuntas irregularidades contables vinculadas al pago de proveedores a través de cuentas sueldo. Entre los investigados, están el extitular de la empresa, Gustavo Martínez y su cuñado y actual presidente de la firma, Claudio Westtein.
El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Gustavo Martínez; el actual titular de Sameep, su cuñado Claudio Westtein y otros actuales y ex-funcionarios de la empresa de aguas están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas del Chaco. Es por la presunta comisión de irregularidades contables vinculadas al pago de proveedores a través de cuentas sueldo.
Así surge del informe 32/2018, al que tuvo acceso el portal colega CHACO DIA POR DIA. El mismo fue elaborado por la fiscal, Liliana Soto, en el marco de la causa “ASESCH – SAMEEP s/Solicita investigación en el ámbito de la empresa Sameep sobre implementación de convenios para efectuar pago a varios proveedores”, Expte. N°401-28994–E.
Si bien fue firmado en diciembre de 2018, los involucrados recién fueron notificados hace pocas semanas.
Dicha investigación surgió en base a una denuncia presentada por el entonces secretario General de la Asociación Sindical de Empleados Sanitaristas del Chaco (ASESCH), Daniel Niveiro.
Niveiro presentó una nota al Tribunal de Cuentas pidiendo que se investigue a los directivos de Sameep por la implementación de la modalidad de pago a varios proveedores a través de convenios. Para esto, solicitó que el Tribunal investigue a 52 proveedores, por operaciones realizadas entre enero de 2015 y marzo de 2016.
¿Qué pidió Niveiro, puntualmente? En primer lugar, solicitó que se informe qué instrumento legal se usó para avalar el pago a proveedores a través de caja de ahorro, mediante la liquidación de haberes mensuales.
Además solicitó la nómina de proveedores que se encuentran en esta situación, los mecanismo usados para efectuar el correspondiente registro contable y que se informe si cada servicio o insumo provisto y pagado por Sameep sigue los procedimientos administrativos vigentes en la empresa.
La fiscal Soto corrió vista a la empresa para que responda sobre estas acusaciones. De esto se encargó la vocal de Sameep y gerenta administrativa a cargo, Ana Torres.
En primer lugar, en el caso del instrumento legal utilizado para avalar esta poco usual forma de pago, Torres confesó que “la empresa Sameep, a los efectos de agilizar y optimizar los trámites de gestión administrativa para el pago de proveedores, adoptó un procedimiento alternativo de pago procediendo a la apertura de cuentas en cajas de ahorro personales a cada prestador”.
Aclaró que “ninguno de los beneficiarios de los pagos revestía relación de dependencia con la empresa” y que a los mismos “se les pagaba en calidad de proveedores de insumos y/o prestación de diversos servicios, no en calidad de integrantes de la nómina de empleados de su planta permanente”.
Indicó además que “se les depositaba mensualmente las sumas convenidas entre las partes, avaladas por la documentación correspondiente y la certificación de los servicios prestados. Esta situación no ameritaba el dictado de instrumento legal alguno”.
Finalmente, dejó constancia que “el presente procedimiento fue transitorio, no existiendo tal operatoria a la fecha”.
Además de las aclaraciones de Torres, la fiscal realizó una auditoría sobre 588 órdenes de pago, realizadas entre enero de 2015 y marzo de 2016.
En este sentido, reconoció que si bien la gran mayoría de ellas cumplían con los requisitos de autenticidad y suficiencia, “no así con la de legalidad ante la falta de instrumento legal que autorice la metodología aplicada”.
En cinco de estas operaciones sí se constataron presuntas irregularidades, principalmente en lo referido a la faltante de documentación respaldatoria, como ser órdenes de pago, constancia de registración contable y constancia de prestación de servicio, entre otras.
El monto observado supera los 1.200.000 pesos (al valor del dólar de ese momento).
Conclusión
Al evaluar el caso, la fiscal Soto consideró en su conclusión general que “ante la incertidumbre en torno a los sujetos que efectivamente han intervenido en los actos que derivaron en las irregularidades señaladas en las conclusiones de cada uno de los puntos analizados, observo la necesidad de habilitar otra vía de investigación a fin de dilucidar la actuación y responsabilidad que pueda corresponder a los diferentes agentes/funcionarios que participaron en los hechos señalados”.
Al elevar el informe a su superior, la fiscal relatora Susana Jeréz, Soto indicó que “por lo expuesto, se sugiere derivar las presentes actuaciones al área de Juicio Administrativo de Responsabilidad”, al tiempo que solicitó notificar de las actuaciones a: Jorge Westtein, presidente de Sameep; Gustavo Martínez, expresidente; Víctor Rodríguez, vocal; Juan Meana, ex-vocal; Fabián Requena, gerente de Planificación; Héctor Enrique Masach, ex-gerente administrativo (hoy jubilado) y Ana Torres, vocal de la empresa, a cargo de la Gerencia Administrativa.
Fuente: (Chaco Dia por Dia)
