El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó este viernes la elevación a juicio de la causa conocida como Lavado I.
En total, son 28 las personas que serán enjuiciadas por lavado de activos y asociación ilícita. Entre los procesados están el exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsecretario de Comercio, Roberto Lugo.
“Crearon una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas”, remarcó Sabadini en su escrito.
Tras más de dos años de investigación, finalmente la causa conocida como Lavado I, que investiga presuntos hechos de corrupción perpetrados por ex-funcionarios del gobierno del Chaco, empresarios y allegados a estos, está a un paso del juicio oral.
Este viernes, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó la elevación a juicio a la jueza Federal, Zunilda Niremperger. En total, son 28 las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados. Entre ellas, Horario Rey, exsecretario general de la Gobernación y hombre fuerte del gobierno anterior.
Según indica el portal colega Chaco Dia Por Dia, el requerimiento presentado por el fiscal tiene 355 fojas. En el mismo se hace una explicación detallada de la forma en que un grupo de individuos utilizaron la estructura del Estado para pagar pautas publicitarias oficiales (dinero que se le paga a los medios de comunicación) a empresas fantasmas. Y luego, esa plata era utilizada para la compra de bienes e inmuebles por medio de prestanombres.
“Los imputados habrían conformado una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas, que fueron aplicadas posteriormente a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje (…) generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”, indicó Sabadini en su escrito.
Además de Rey, también se sentarán en el banquillo de los acusados, el exs-ecretario de Comercio de la provincia y ex-dirigente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Roberto Lugo; Mónica Viviana Yaczuk (esposa de Lugo); Claudia Soledad Varela (esposa de Retamozo y presunta prestanombre); Ricardo Ariel Retamozo (ex-coordinador del Programa de Argentina Trabaja); Gustavo Katavich (ex-empleado de la Fiduciaria del Norte y excoordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial); el contador, Cesar Orlando Zibecchi e Ismael Ángel Fernández (cuñado de Rey).
Le siguen Cristina Mariel Dellamea (sobrina de la esposa de Lugo); Ramón Chávez (presunto prestanombre); Carlos David Osuna (presunto recaudador de las pautas truchas); Miguel Vilte (ex-subsecretario de Economía del municipio de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala); María Yaczuk; Lidia Clara Kyocapumisz; Maria Laura Aguirre; Ivan Alejandro Bilcich; Cataline Jackeline Rodriguez; Silvia Carina Simcik; Mónica Mabel Boravach; Soledad Ivanna Sánchez Pardo; Cristian y Santiago Samaniego; Mariano Damián González; Romina Gisele Fernández; Elsa Borovach; Silvana Lorena Vallejo; Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla.
Tanto a Rey como a Lugo se le imputa el delito de lavado de activos por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, y por su calidad de funcionario público. Todo en calidad de autores.
Dentro de esta imputación también se encuentran Varela, Retamozo, Mónica Yaczuk, Chavez, Dellamea y patricia Vázquez.
Al resto de los imputados, se los acusa de ser partícipes primarios o secundarios.
El mecanismo
Según detalló Sabadini, este mecanismo con el que se produjeron presuntos hechos de corrupción tenían dos cabezas visibles: Horacio Rey y Roberto Lugo. De acuerdo al fiscal, ambos utilizaron su su jerarquía e influencia como funcionarios públicos de alto rango del Gobierno de la Provincia del Chaco para cometer estos hechos y desempeñaron un rol determinante en la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, cuya investigación cursa en el fuero provincial.
También se los acusa de haber pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente los fondos producidos de esta actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita.
En la elevación a juicio, se menciona que Rey, en su carácter de funcionario público a cargo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, se desempeñó como autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A, lo que le permitió tener un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas.
A tal fin se creó un sistema informático para la administración y gestión llamado “FAPPO GESTIÓN”, que funcionaba de manera paralela al sistema anterior denominado “SAP” y que habría sido ideado y administrado por Gustavo Alejandro Katavich, quien habría cumplido un rol central en el marco de la organización ilícita como persona de confianza de Rey.
Con el manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, Rey habría pergeñado un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito y aplicación de los dineros proveniente del erario público con la participación de las siguientes fundaciones y sociedades creadas al efecto.
En relación a Lugo, también se indica que a partir del poder relativo, habría facilitado la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares, a través de las siguientes empresas: Real Comercializadora S.R.L., vinculada a Ricardo Retamozo (amigo y personal de gabinete durante su gestión) y Claudia Soledad Varela (esposa de Retamozo), la cual a la vez fue proveedora unipersonal bajo el nombre de fantasía Proveeduría Sol.
También estaba la firma FINZA S.A., cuya presidenta era Mónica Yaczuck (pareja de Lugo) en las que participaron Maria Elena Yaczuk (hermana) y Silvia Carina Simcik; la empresa INTRANEA S.A., integrada por Lidia Clara Kyocapumisz (madre de Yaczuk y suegra de Lugo), Silvia Simcik y Monica Viviana Yaczuk; Carlos Manuel Amarilla, como proveedor unipersonal bajo los nombres “Expreso Roca” y “Amcar Distribuciones”; e INSUMOS Y PRODUCTOS DEL PARANA S.A, con intervención de Patricia Noemí Vázquez, entre otras.
“Este esquema societario se utilizó luego para la aplicación de los retornos y fondos obtenidos ilícitamente, registrándose un crecimiento patrimonial considerable en las personas físicas y jurídicas mencionadas que se vincularon en una etapa posterior, como socios y testaferros de Lugo, quien también incrementó su patrimonio personal de manera incompatible con sus ingresos lícitos”, señaló Sabadini.
“Como consecuencia del examen integral de las operaciones celebradas con intervención de personas físicas y jurídicas vinculadas a Roberto Marcelo LUGO, podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo, capitalización y operaciones de diversa naturaleza entre las razones sociales que conforman un entramado societario bajo el manejo económico y funcional del imputado de mención”, añadió el fiscal.
Fuente: (Chaco Dia Por Dia)
