El candidato a gobernador por el Frente Chaqueño realizó un acto en el Centro de Convenciones Gala donde presentó propuestas de gobierno.

Este es el primer acto de Capitanich como candidato a gobernador luego de los acuerdos decantaron en la unidad del PJ tras la baja de Domingo Peppo y el apoyo de Gustavo Martínez a la candidatura.

Así, junto a la compañera de fórmula Analía Rach Quiroga y todos los candidatos a diputados provinciales, Capitanich comentó que las propuestas se realizaron “junto a valiosos colaboradores” y que “constituye una base para la constitución del consenso”.

“Para evitar la imposición hegemónica, las reglas deben ser para todos. Es ahora, es aquí, es en este momento”, manifestó el candidato a gobernador. Esta iniciativa pretende incluir a todos los sectores de la sociedad y generar mecanismos más genuinos, eficientes y dinámicos de representación popular.

Por eso incluye la reducción de 32 a 25 diputados provinciales, añadiendo la figura de “representantes combinados”, con la que se busca que en la totalidad de legisladores exista una efectiva representación de las 8 microregiones de la provincia.

También establece la modificación del preámbulo con la incorporación de una definición de la identidad provincial como “plurilingüe, pluricultural y multireligiosa”, y el reconocimiento constitucional de los derechos y las lenguas de las comunidades indígenas Qom, Wichi y Moqoit junto al castellano-español.

“Del mismo modo, el reconocimiento de nuestros inmigrantes y de las poblaciones criollas que forman parte de la identidad de nuestro pueblo”, añadió.

De hecho se introducen requisitos formales y sustanciales para los candidatos a cargos electivos, y se propone que las elecciones de cargos municipales y provinciales, tanto en los poderes legislativos como ejecutivos, se revisen cada cuatro años, eliminándose las elecciones inmediatas.

Comenzando con las propuestas, comento las reformas constitucionales y empezó con “poner un límite a la vigencia de los mandatos de los gobernadores que han tenido más de dos mandatos constitucionales”.

“Me parece que es el límite a los efectos de propiciar una reforma permanente de los cuadros políticos de administración y de la gestión del Estado, respetando el concepto de democracia pluralista, participación, libertad política, libertades civiles, libertad de expresión y sociedad abierta y participativa”, explicó.

Siguió contando que “propiciamos, y con esto me gano la enemistad de muchos amigos, el límite a la reelección indefinida de los intendentes”, a lo que agregó; “Creemos nosotros que dos mandatos es adecuado”.

Sumó a eso el límite a la reelección indefinida de los diputados provinciales y concejales y límites “a las asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, asociaciones empresarias”.

En ese sentido, la propuesta alcanza también al Poder Judicial, ya que también propuso el “límite al proceso de selección por concurso de antecedente y oposición de los jueces del Superior Tribunal de Justicia” con un mandato de cinco años con posibilidad de renovar cinco años más”.

“Nosotros creemos que los argumentos que tienen que ver con los límites es porque la calidad democrática institucional pasa por un método de renovación sistemática y permanente. Hay perfiles de liderazgo político que inexorablemente garantizan renovación y ejercicio de calidad institucional y otros no”, comentó.

Además, argumentó que considera necesario poner límites a los mandatos porque “tenemos sociedades modernas, complejas, de alta concentración urbana, de maximización de la protesta social en todas sus características, sean públicas en la calle o por la vía digital; son sociedades dinámicas, cambiantes, exigentes y muy poco proclives a admitir la sensación de fracaso o frustración. Esto requiere entender que un liderazgo político debe ser moderno y debe combinar tres atributos esenciales: ética, estética y poética”.

“La propuesta de reforma incluye una cláusula ética. Esa cláusula tiene que ver con la complementación de muchos de los requisitos formales que se exigen a los candidatos: certificado de buena conducta, antecedentes policiales, judiciales, declaración jurada patrimonial, impositiva, antecedentes profesionales con exhibición previa por impugnaciones, certificado de consumos problemático. También un sistema de rendición de cuentas por juicio de residencia”, agregó Capitanich.

Además señaló que “pretendemos que dos órganos que asuman el rango constitucional en el acápite del Poder Judicial, para el caso del juicio de residencia” y consideró que “rendir cuentas significa rendir cuentas del presupuesto ejecutado, de las metas de gestión, de la declaración jurada patrimonial y de la transparencia de los actos”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

El candidato del Frente Chaqueño se refirió a las actividades del campo y expuso: “Cuando uno analiza la provincia tiene que clasificar de diferentes maneras: los consorcios de servicio agrícola están organizados por 98 consorcios, de los cuales están representados cerca de nueve mil o diez mil productor y deberían ser cerca de 14.500. Hay que trabajar mucho en ese modelo”.

“A su vez las explotaciones agropecuarias se identifican en casi 17 mil. Cuando analiza productores ganaderos son 27 mil, de los cuales 22 mil son de menos de 100 cabezas. Cuando analiza la liquidación de impuesto inmobiliario rural son cerca de 29 mil parcelas rurales de tributación”, agregó.

De esa manera dijo que el objetivo será “lograr que los medianos productores se empoderen en términos de reducción de riesgo climático, tecnológico y obviamente el riesgo de precios. Y lograr que productores grandes promuevan cadenas de valor para el desarrollo local”.

“En ese contexto lo que me parece sí importante es producir un impuesto inmobiliario rural que se cobre y que le cobren a los que más tienen para que tenga el impacto redistributivo precisamente a los que no tienen”, dijo sobre el tema.

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Otras de las cláusulas claves para el diseño del futuro proyecto de reforma tiene que ver con la ética, la transparencia y la responsabilidad fiscal de las distintas gestiones de gobierno en todos sus niveles. Por eso se propone otorgarle rango constitucional al Juicio de Residencia obligando a todos los funcionarios públicos a que rindan cuentas de su gestión respecto a las metas y compromisos asumidos, el destino de los fondos presupuestados y la evolución de su patrimonio personal.

En lo que respecta a la transparencia demanda el acceso a la información pública de manera permanente, como los balances financieros del gobierno, de los municipios y organismos públicos cada tres meses, el presupuesto base mensual y la publicación de declaraciones juradas, patrimoniales e impositivas; así como la regulación de la pauta oficial y el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales.

En tanto que para mejorar la performance fiscal y financiera propone establecer límites al endeudamiento, que contenga una proporción exigible de erogaciones de capital sobre las erogaciones corrientes, y autorizar con mayoría simple la renegociación de deudas sobre la base de flujo de servicios de capital e intereses, sin aumentar la deuda misma.

Deberá contemplar un sistema de información y comunicación digital, agenda abierta de participación ciudadana y un sistema de enmiendas de hasta 5 artículos por mandato constitucional, ratificado mediante plebiscito en oportunidad de una elección.

DESCENTRALIZACIÓN DEL GOBIERNO

“Muchas veces la concentración de funciones en el gobernador impiden la calidad de los servicios, por eso necesitamos descentralizar las funciones y competencias hacia los municipios, con coparticipación presupuestaria automática, rendición de cuentas y transferencia de los servicios”, indicó Capitanich. Concretamente tiene que ver con descentralizar la atención de la salud; el mantenimiento de establecimientos educativos; la seguridad ciudadana; la administración de la Administración Provincial del Agua en el AMGR, del Registro Civil, de la Propiedad Inmueble, de los juzgados de falta con competencia provincial para fusionar el sistema punitivo de contravención

PLAZOS Y TIEMPOS

El artículo 209 de la Constitución Provincial exige el voto de las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados, y el artículo 210 establece que la Convención Constituyente debe reunirse dentro de los 30 días de la proclamación de los candidatos, es decir, después del 10 de diciembre, donde se realizaría una gran convocatoria ciudadana.

“A partir de este convocatoria propiciaremos un sistema de construcción de consensos a los efectos de llegar a un proyecto de ley de reforma que garantice participación social y ciudadana con un modelo de voto por redes sociales para identificar las cláusulas de mayor consenso”, concluyó el jefe comunal capitalino.

Para finalizar, pidió: “Seamos capaces de construir consensos y que esta reforma empiece el 10 de diciembre, que lo hagamos entre todos, porque es con todos y juntos, no es imponiendo nada”.