Víctor Adrián Veleff, encargado titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, presentó el pasado jueves una denuncia ante la justicia federal. Ayer, la Secretaría General de Gobernación presentó una denuncia por la misma cuestión pero en el ámbito provincial: entre ambos reportan transferencias ilegales de vehículos pertenecientes al estado público.

Por un lado, es el propio estado el que presentó ayer la denuncia ante la justicia provincial; por otro, la causa toma un rumbo federal tras lo presentado por Veleff. Todos los hechos expuestos tomaron su curso años atrás.

La denuncia del titular del Registro Nacional afirma que los vehículos pertenecientes al estado eran subastados por el propio Ejecutivo chaqueño tras ser considerados como en «desuso, improductivos y antieconómicos». Sin embargo, Veleff manifiesta que las calificaciones de los vehículos vendidos fueron adulterados y que los documentos que exponían las marcas y modelos de las piezas vehiculares también fueron modificados.

Protocolarmente y, en caso de que los motivos de venta hayan sido los correctos, estos vehículos primero debían ser trasladados a Buenos Aires para su verificación policial. A pesar de ello, extrañamente, fueron trasladados a Formosa y siempre bajo la petición de un mismo presentante. El meollo del traslado nace al conocerse que era esta misma persona la que certificaba en los formularios en carácter de comprador de los vehículos, así como también peticionante de las transferencias en esta provincia en días contiguos.

A pesar de que las fuentes se excusaron de referirse al respecto, si mencionaron off the record que calculan en no menos de 200 los vehículos que fueron transferidos ilegalmente bajo el mismo modus operandi.

Según la denuncia federal presentada por Veleff es factible la existencia de los siguientes hechos: «Posible FALSIFICACIÓN y/o posible ADULTERACIÓN de instrumentos públicos con el fin de engañar al registrador y a través de ello obtener la concreción de transferencia de dominio de vehículo pertenecientes al erario público provincial y cuya autorización de subasta no ha sido otorgada por el Ejecutivo Provincial».

Cabe resaltar que de estos hechos que permanecen bajo investigación también se expone la participación de diferentes empleados tales como la representante de la comisión técnica y la martillera.

Respecto a la denuncia provincial, la investigación penal preparatoria se encuentra en manos del fiscal Roberto Villalba. En un comienzo, la Secretaría General de Gobernación realizó una auditoría interna y obtuvo los informes preliminares «que permiten observar un posible perjuicio del patrimonio estatal», según expresaron en un comunicado ayer.

Además, iniciaron un Sumario Administrativo «a fin de determinar responsabilidades administrativas de los agentes que se desempeñan o desempeñaban en el ámbito de la Dirección General de Bienes».