Más de 9 horas duró la interpelación a la ministra Mosqueda, quien acudió con directores y subsecretarios para desplegar una exposición detallada en base a lo previsto en la Resolución 3393.

Algunos números: se desafectaron 918 horas cátedra en 12 escuelas por falta de matrícula, se crearon 7.406 nuevas; se invirtieron $36 millones en mantenimiento escolar; el porcentaje rendido de comedores escolares es del 86%; la suma de $1000 extraordinaria que perciben los docentes tendrá carácter remunerativo y bonificable en 2019; las escuelas de gestión social contienen a más de 7.500 estudiantes.

El Parlamento chaqueño interpeló este jueves a la ministra de Educación, Marcela Mosqueda en una jornada que concluyó bien pasadas las 20, por falta de quórum cunado restaban al menos dos puntos del temario.

Asistió acompañada de subsecretarios y directores Generales de su gabinete, que fueron quienes finalmente abordaron un amplio informe al respecto del funcionamiento de la cartera educativa provincial. Desde la “pecera” acompañaron trabajadores de Educación, en apoyo a la ministra. Mientras que se impidió el ingreso a representantes del Frente Gremial Docente, incluso con nota presentada para contar con un espacio para presenciar la interpelación que impulsaron.

El pedido expreso para que se permita su participación lo hizo el diputado Daniel Trabalón, pero el argumento en contra fue la falta de espacio. En tanto que, el jefe de la bancada de la oposición, aseguró: “No partimos bien si no se le permite el ingreso a quienes plantearon este cuestionario. Ya tenemos experiencia en esto. Los aplaudidores, decía mi abuela”, aseguró el jefe del interbloque Cambiemos, haciendo referencia al grupo de personas que a viva voz y en todo momento celebró cada posición de la ministra y su equipo de trabajo.

La introducción de la ministra Mosqueda

Previo a responder los cuestionamientos, que dejó en manos de su gabinete, y apelando a las inmunidades que le caben y la igualan con los diputados, la ministra Mosqueda arremetió contra el Frente Gremial Docente y, de manera puntual, contra la Federación SITECH.

Observó que la interpelación surge de “supuestos gremios sin personería jurídica”. Apuntó contra los diputados que respondieron al pedido “sin cerciorarse sobre la legalidad del origen de las peticiones”.

Consideró a la interpelación como “una puesta en escena”, y recordó que atendió en su despacho a varios de los diputados firmantes de la iniciativa. “Más que tener una verdadera causa es una puesta en escena caprichosa y con claro tinte político para desprestigiar”, consideró.

Se amparó en la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales e insistió en la cuestión de la personería jurídica del Frente Gremial Docente, al que luego calificaría de “ayuntamiento de gremios”.

Mencionó que el 17 de diciembre de 2013 quedó “legalmente acéfala” la Federación SITECH. “Para el caso del Sr. (Eduardo) Mijno no se encuentra legitimado para realizar reclamos ni colectivos ni individuales, menos aún convocar a medidas de acción directa”, añadió.

Aseguró que las licencias gremiales le cuestan al Estado más de 5 millones de pesos, sumado a las suplencias que debe asumir. Habló de 88 licencias que en el presupuesto anual suman 22 millones de pesos.

Junto con la Federación Sitech mencionó en las mismas condiciones a Sitech San Fernando, Sitech Centro Chaqueño, Sitecj Las Breñas, Sitech San Martín, Sitech Almirante Brown, entre otras, “todas se encuentran en las sombras gremiales”, recalcó.

El diputado Peche cruzó las declaraciones de la ministra y aseguró: “Esto no es una puesta en escena. A mí me asiste el derecho. La citamos por la Constitución Provincial, no por un ayuntamiento de gremios”.

Posteriormente, su par radical de Cambiemos, Alejandro Aradas, apeló al cumplimiento del artículo 168 del Reglamento Interno que refiere a que la interpelación debe ser respondida por quien es interpelado y no por colaboradores.

El diputado Juan José Bergia, en su rol de presidente a cargo, lo puso a consideración y por 16 votos del oficialismo y el PO contra 13 de la oposición, el Parlamento chaqueño autorizó a Mosqueda a delegar en su personal de gabinete las explicaciones para cada uno de los cuestionamientos.

Desde el Frente Grande, el diputado Trabalón manifestó: “Usted ministra habló y descalificó. Nuestro bloque tomó genuinamente el planteo de sindicalistas a los que respetamos y con los que tenemos también diferencias. Esto no es un juicio político, vinimos a buscar información. Nosotros respetamos y vamos a ser respetuosos con los gremios. Leí la nota que presentaron el 7 de diciembre para pedir estar, debería también darse la posibilidad a los representantes gremiales, para nosotros lo son. No vinimos acá a buscar show”.

 Cierre de cursos, deserción escolar y programas vigentes

Luego de la previa, la ministra cedió la palabra a Analía Flores, subsecretaria de Calidad y Equidad inició su alocución dando a conocer la estructura y las modalidades del Ministerio de Educación. A partir de allí, desplegó un amplio informe sobre escuelas de jornadas completas y jornadas extendidas.

Uno de los números más impactantes tuvo que ver con que para el Nivel Primario, la oferta de escuelas de jornada completa en 2012, que financia Nación, fue de 60.

Esa cifra aumentó en los años siguientes hasta llegar a 191 hasta 2018 donde solo quedaron 8 escuelas de jornada completa del programa que lleva el nombre de ESA (la Escuela Sale del Aula).

“En su momento hubo una decisión política de hacer grandes inversiones para la integración y ahora no”, indicó.

Habló, posteriormente, del “fantasma del cierre de cursos”, uno de los puntos que formó parte del cuestionario de la interpelación.

Explicó que lo que ocurrió es que a partir de actas de diferentes escuelas secundarias que fueron elevadas a la Dirección General de Planeamiento, encargada de estudiar las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) para implementar ciclos orientados. Esto “demandó la creación de nuevas materias, otras que desaparecieron en la nueva caja curricular y otras que modificarán las horas disponibles”, señaló.

Aseguró que el 42% de cursos que presentan las escuelas no cumplen con la matrícula a la que obliga la Resolución 1042.

Respecto de las políticas de fortalecimiento a fin de evitar la deserción escolar, mencionó el programa nacional “Asistiré”, que propone establecer el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. Copia la intención y la meta de las jornadas extendidas de la ley.

Además, el programa “Pive” (Programa Integral para Volver a las Escuelas) que también apunta a ayudar a escuelas que tienen problemas con sus matrículas. Es a propuesta y a solicitud de la institución educativa.

Enumeró posteriormente varios otros programas de financiamiento de Nación como FARO, CAI, CAJ, entre otros. Y los de financiamiento internacional. Destacó el de Parlamento juvenil o el de Orquesta, y aseguró que un niño que participa de alguno de ellos, “con seguridad termina la escuela”.

La propia ministra aseguró que “la matrícula de las escuelas de educación estatal se está perdiendo. Estamos haciendo todo lo posible para retener a los chicos en las escuelas. Los programas como el de Orquesta destacado por la Subsecretaria son importantes

Es lamentable la matrícula que se viene perdiendo hace muchos años, pero este año es impresionante el número”.

Raquel Zuzko, directora de Planeamiento, habló de divisiones de 11, 6 o 9. Dio lectura a la Resolución 1042 del año 97 que plantea para el ciclo básico una inscripción, por ejemplo, para Municipio de Primera Categoría, de una mínima de 40 alumnos; en los de 2da, 30 y 25 en municipios de tercera.

La ministra Mosqueda aclaró que en el caso de las escuelas rurales no se especifica matrícula alguna, si hay un solo alumno el Estado debe garantizar el funcionamiento.

La directora de Planeamiento, informó que, en el Nivel Primario, se desafectaron 73 cargos. Y se solicitaron desafectación de horas catedra las Escuelas N°4, N°7, N°12, N°19, N°22, N°23, N°43, N°75, N°95, N°126, N°169 y N°184. “918 horas desafectadas por falta de matrícula contra 7406 que creamos”, aseguró.

Mantenimiento e Infraestructura Escolar

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Gabriel Lemos, fue quien respondió a la requisitoria prevista en la interpelación e informó que para el mantenimiento de escuelas durante 2018 se contó con recursos por más de $36 millones de pesos para unas 200 acciones en establecimientos educativos, de las 2114 escuelas que hay en la provincia.
Puntualmente sobre el Fondo de Mantenimiento de Infraestructura Escolar establecido por ley, Lemos aclaró que en la letra de aquella normativa planteaba su vigencia hasta el año 2014.

Aclaró que la Provincia sólo financia el mantenimiento de escuelas y es Nación quien ejecuta obras de Infraestructura a través de programas de financiamiento nacional como 3000 Jardines, PROMERI, INET, Mejoramiento de Escuelas Rurales, Emergencia Climática, entre otros. ¿

Fue nuevamente la ministra quien recalcó que provincias como La Pampa han bajado entre 15 y 17 Jardines desde Nación, cuando en el Chaco sólo se consiguieron siete.

Lemos, por su parte comentó que se había presupuestado 298 millones de pesos para jardines y la partida finalmente “fue de 70 millones por debajo de lo que se pidió para terminar las obras licitadas. No hubo ninguno nuevo”.

En cuanto a los recursos previstos para 2019, incluidos en el Presupuesto sancionado este miércoles, indicó que las partidas (para mantenimiento y refacciones) serán de entre 56 a 60 millones de pesos destinados para mantenimientos y refacciones en el Presupuesto 2019, no son 12 millones.

El diputado Trabalón pidió información sobre los objetivos y condiciones de la universalización de la educación, “creando y sosteniendo con partidas presupuestarias mensuales, actualizadas y en término que permitan su funcionamiento en condiciones adecuadas”.

Respondió Mosqueda y expresó: “Concordamos con usted en que el financiamiento educativo por escuela se perdió lamentablemente o no está destinado desde 2009”.

Convocatorias y pauta salarial

Posteriormente, dieron tratamiento al cuestionario, siguiendo su orden, pero obviando los temas que se fueron abordando con anterioridad.

Por lo tanto, la ministra Mosqueda procedió a responder el primer punto, sobre la cantidad de convocatorias que hubo durante 2018 a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Y también sobre la pauta salarial del ejercicio en curso.

Fueron dos convocatorias, la primera convocada el 23 de febrero, donde se ofreció 6% de aumento al valor del punto en dos tramos: marzo y julio. Además de incorporar por única vez un monto fijo de $1.600, $800 en enero y $800 en febrero, “propuesta que fue rechazada por todas las asociaciones sindicales”.

La segunda convocatoria fue el 2 de marzo. Ofrecieron un 10% al valor del punto en tres tramos: 4% en marzo, 3% en agosto y 3% desde octubre. Además de un incremento de 300 puntos al ítem de bonificación por título. “Se convocó a algunos sindicatos, no a todos”, recordó la ministra.

Añadió como dato las 13 convocatorias a mesas de trabajo, aunque no las validaron como parte de la requisitoria. Casi cerrando esta cuestión, la funcionaria aseguró que, “a la mesa salarial de 2019, no se van a sentar las mismas personas”, insistiendo en la cuestión de ilegalidad en la que enmarcó a varios gremios.

Recordó que la Provincia otorgó desde marzo un incremento de 4% al valor de punto. Incorporaron el ítem bonificación por título por $1082 y se adelantó el 3% de agosto a julio y, en agosto, el otro 3%. “Y se liquidó una suma fija por agente de $1000 de carácter no remunerativo ni bonificable para octubre, noviembre y diciembre”, señaló y sobre este último punto, aseguró que “ese monto se liquidará en 2019 como un ítem a definir en carácter remunerativo y bonificable”.

Confrontando un 45% de inflación contra el 25% de aumento que se estima como incremento salarial, el subsecretario Alejandro Gabassi, remarcó que “es a lo que la provincia podía disponer en este momento”.

Peche compartió su preocupación por padres que están haciendo esfuerzos económicos para que sus hijos vayan a las escuelas privadas, en detrimento de la escuela pública. Y refuró Mosqueda, quien comentó que sus hijos fueron a la escuela pública y hoy a la universidad pública, pero no así gremialistas docentes que llevan a sus hijos a escuelas privadas. “No hagamos de las escuelas privadas un ojo de la tormenta cuando por ahí nosotros también tenemos culpa en vaciar las escuelas públicas”, manifestó.

Descuentos por paro

Al responder por los descuentos por días de paro, no repararon en sostener que “están sentenciando a la falta de conocimiento a los niños”. “Ellos argumentan que es un derecho la huelga”, dijo, pero aseguró que “el contrato de índole laboral es bilateral. La postura de no pagar salario durante los días de huelga ha sido reconocida por la casi totalidad de la doctrina y la jurisprudencia”, señaló la ministra.

Por otro lado, precisaron que los descuentos se efectuaron en 2018, por “dos días de paro para docentes primarios y 12 horas cátedra para secundarios”. “Jamás se les negó que accionen. No se les cercena el derecho a reclamar, pero incumplen el horario de trabajo, dijo uno de los asesores legales que formaron parte de la comitiva. “La patronal está en su derecho de no pagar”, defendió.

El diputado Trabalón, por su parte, consideró que “los descuentos fueron por criterio político”.

Administración de fondos para comedores escolares

En cuanto a la administración de fondos para comedores, otra vez la subsecretaria Flores, quien presentó un informe hasta diciembre de 2017, con 1848 establecimientos en convenio con la Nación y 131 Escuelas fuera de convenio, y una llegada a 224.204 estudiantes.

Chaco fue la única provincia en canalizar por su cartera educativa estos fondos.

El 22 de marzo se firmó el convenio donde el Ministerio de Desarrollo de Nación firma el convenio con Educación del Chaco que acepta pasar a la cartera social provincial los fondos a condición que se cumplan determinados porcentajes de rendiciones que debían las escuelas.

Se suma el año 2015, 2016 y 2017. “Parecía una deuda muy grande pero el porcentaje rendido es del 86%”, aseguró la funcionaria.

Comentó también que en junio de este año terminó Nación de enviar lo que debía de 2017.

Por su parte, la ministra Mosqueda, explicó: “Estuvimos de acuerdo en que pase a Desarrollo Social el dinero porque nos dimos cuenta que cuando el docente falta o hace paro o pide licencia, el niño no come. En cambio, Desarrollo Social asegura la alimentación por más que el docente este o no en el aula”.

Escuelas de gestión social

Frente a la consulta sobre el instrumento legal de creación de las escuelas de gestión social y el presupuesto que se destina a las mismas, respondió el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Edgardo Pérez, y expresó: “Nos enorgullece que la provincia del Chaco tenga escuelas de gestión social porque garantizan el derecho a la educación a los sectores más vulnerables”.

El instrumento legal fue aprobado por el Consejo de Educación, el número de expediente es 20/18. Pero, al igual que lasa de gestión privada, no está reglamentado.

Peche, en el imaginario de que las escuelas de gestión social se utilizan para hacer política, consultó cuántas, también que hay dirigentes sociales cobrando como directores, quién las controla.

Pérez respondió y nombró las 14 escuelas de gestión social que representan el 1% de los docentes. “(…) Si nosotros llegáramos a cuestionar este sistema estaríamos coartando el acceso a la educación de más de 7.500 alumnos de Chaco”, expresó el funcionario.

Aradas observó que no hay reglamentación y que la prepararon para llegar con ella a la interpelación. “La educación pública puede atender a toda la población vulnerable

demandan una inversión al Estado provincial de 309 cargos y 5.074 horas cátedras; que representa del total del sistema educativo, en cargos el 1% y el 2% de las horas cátedras”, argumentó.

Desde Educación defendieron la modalidad de gestión social y su rol en las poblaciones vulnerables.

Situación de escuelas públicas de gestión comunitaria indígena

Como tema aparte, surgió la situación de las escuelas públicas de Gestión Social Comunitaria Indígena, que son cuatro en la provincia, porque fue planteado por la diputada radical representante del pueblo qom, Claudia González, quien cuestionó la situación que se vive en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Indígena Nro. 1 del barrio Toba de Resistencia.

Detalló los problemas internos que tiene la institución, que fueron contados en primera persona por esta legisladora que se desempeñaba como portera de la EPGCI Nº 1. Ella confesó que no terminó la secundaria porque su familia no la podía mandar a la escuela, por lo que dijo que valora mucha la educación y que por eso siente mucho lo que ocurre en esta escuela. La ministra se emocionó hasta las lágrimas por el relato de la diputada y explicó que desde la Dirección de la Regional Educativa 8 se inició una investigación en esta institución.

Seguidamente, le dio la palabra al subsecretario de Interculturalidad y Plurilingüismo, Ricardo Roszezuk, quien también se expresó al respecto, y dijo que es decisión política de la ministra actuar en consecuencia y “tocar intereses de ser necesario” para regularizar la organización interna de estas escuelas, recordando que a mitad de este año el Ministerio logró a pedido de los caciques de la comunidad de Wichi El Pintado (en El Impenetrable) que se conformara un nuevo consejo comunitario indìgena, para que cogobierne la EPGCI Nº 3, que estaba en condiciones de abandono y deserción escolar.

El subsecretario Roszezuk se explayó en las acciones que se llevan adelante para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad.