El Estado provincial actúo inmediatamente tras las denuncias, garantizando la atención, contención y asesoramiento a las víctimas, y exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo, a través del Órgano de Control Institucional.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco intervino tras una denuncia de violencia policial recibida en la línea atención el domingo por la mañana.

En horas de la madrugada, efectivos policiales de la comisaría Tercera irrumpieron en una vivienda del Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana.

Sin orden de allanamiento y mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo.

El equipo interdisciplinario de la Guardia de Derechos Humanos informó la situación a la Fiscalía Especial en Derechos Humanos que también intervino en el caso. Los familiares denunciaron que todos los detenidos fueron lastimados por personal policial, quienes con impunidad y crueldad los trasladaron hacia la comisaría donde efectuaron torturas y tormentos de todo tipo.

También informaron que las detenidas habían sufrido violencia sexual por parte del personal policial. Por esta razón se dio intervención al equipo especializado de la Dirección de Violencias que, en conjunto con la Guardia de Derechos Humanos, concurrieron al domicilio de los damnificados donde se les tomó la denuncia formal, además de ponerse en contacto con la fiscalía en turno y la fiscalía especial en Derechos Humanos.

El Equipo de profesionales perteneciente a la Secretaría se hizo presente en el domicilio con la finalidad de contener psicológicamente a las víctimas, asesorarlos y orientarlos legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados, promover el acceso a la salud solicitando ambulancia y acercándolos al servicio del Hospital Perrando articulando con el Ministerio de Salud y la Justicia.

Además, las distintas guardias, de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas de Violencia de Género, quedaron a su total disposición. Todo esto con el propósito de generar una intervención integral en cuanto esta problemática que ayude a mitigar el dolor que atraviesan estas familias.

Tras ser liberados, la Secretaría garantizó el traslado mediante ambulancia de las víctimas para aplicar el protocolo correspondiente.

Asimismo, Liliana Beatriz Irala, fiscal subrogante de la fiscalía de DD.HH ordenó como primera medida que sean examinados por el instituto médico forense la señora lesionada y los cuatro detenidos en el procedimiento.

Además ordenó sea remitida copia certificada de la guardia y novedades de la comisaría así como la identificación del personal policial que intervino en el procedimiento de allanamiento sin orden judicial.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, explicó que “desde ayer se estuvo trabajando con los equipos interdisciplinarios, de las Guardias de Derechos Humanos y de Violencia de Género, con todas las garantías, por los hechos denunciados de tratos crueles y tormentos”.

“Estamos garantizando que los hechos puedan recepcionarse en las instancias jurídicas que corresponden. Cuando la Secretaría tuvo conocimiento de las denuncias articuló con la Justicia y con el Ministerio de Salud Pública para aplicar el protocolo correspondiente de traslado y atención”, remarcó la funcionaria.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, aseguró que “la impunidad no será tolerada. Avanzaremos hasta donde sea necesario para garantizar justicia para las víctimas”.

De esta manera el Estado provincial actúo inmediatamente ante las denuncias garantizando la atención, contención y asesoramiento a las víctimas, exigiendo además la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo, a través del Órgano de Control Institucional.