Así lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia respecto de una medida de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger. Por irregularidades en la intervención judicial de una empresa del procesado por lavado de dinero, Daniel Alejandro Fischer, la magistrada la había dejado sin efecto y le había trabado un embargo por 800 millones de pesos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó una resolución de primera instancia que había dejado sin efecto la intervención judicial de la empresa Intacto Clean (ex Recifis), propiedad del procesado por lavado de dinero, Daniel Alejandro Fischer, y le había trabado un embargo por 800 millones de pesos. Además, el tribunal instó a la jueza de instrucción a la pronta clausura de la investigación, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de la misma.

La resolución del tribunal de alzada, fue dictada el viernes 23 de octubre y lleva las firmas de los jueces Rocío Alcalá y Eduardo Belforte. En ese contexto, se hizo lugar a la apelación presentada por los abogados de Fischer, Jorge Alcántara y Egdardo Paniagua.

Por resolución del 4 de agosto de 2020, la magistrada de la instancia anterior resolvió dejar sin efecto la intervención judicial de la empresa Intacto Clean S.A.; y dispuso un embargo a la firma hasta cubrir la suma de $ 800.000.000. Además, ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias que registren a su nombre y el secuestro de una retroexcavadora y de un motovehículo propiedad de la firma, a cuyo fin encomendó a Gendarmería Nacional su localización.

Como fundamento de su decisión, la jueza Niremperger había identificado “una serie de irregularidades en la actuación de los administradores designados -las que fueron oportunamente informadas por los veedores-, concluyendo en que las razones que inicialmente motivaron a disponer la intervención judicial de la empresa no subsisten, y han variado considerablemente por la falta de transparencia que la ha caracterizado, viciando de tal manera la finalidad por la cual se habría adoptado la medida oportunamente, tornándose inviable su continuidad”.

En el marco de la causa conocida como “Lavado II”, cuyos principales imputados son la actual diputada nacional por Juntos por el Cambio, Aída Beatriz Ayala; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, Daniel Alejandro Fischer se encuentra con procesamiento firme como coautor de asociación ilícita, en concurso real con enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, y ser miembro de una banda.

Los fundamentos de la Cámara

Para los jueces de Cámara, el cese de la intervención judicial “(…) conducirá al consecuente deterioro de los bienes materiales, la desvalorización y depreciación de los activos, pérdida de fuentes de trabajo, y la dificultad, o directa imposibilidad, de su reinserción en el mercado, en caso de que el proceso no terminara en una sentencia condenatoria”. En ese contexto, consideraron que “tales circunstancias implican, entonces, una suerte de condena anticipada, que como tal no puede ser convalidada, porque la investigación penal no puede ser un justificativo para que se cercene a los imputados el ejercicio de derechos fundamentales de raigambre constitucional”.

En ese contexto, sostuvieron que “el mantenimiento de las medidas dispuestas inicialmente -ejecutadas con el debido contralor judicial- permite además cumplir de manera acabada la finalidad de ‘no frustrar el recupero de esos bienes, evitando en el momento oportuno y sin dilaciones innecesarias, su libre disposición por parte de los imputados o las personas jurídicas que representan’ contenida en la Resolución PGN N° 129/09”.