En la mañana de este viernes un grupo de magistrados y funcionarios de la Justicia provincial se reunió con el objetivo de reclamar por una recomposición salarial y a la vez evaluar pasos a seguir. Convocados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chaco, la manifestación se desarrolló en las Torres de Juzgados ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Laprida.
El principal reclamo tiene que ver con un pedido de cumplimiento de la garantía de intangibilidad que significaría una recomposición salarial. La solicitud fue tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo y para el Superior Tribunal de Justicia, a la vez que afirmaron que actualmente no piden igualar a la justicia federal sino llegar a una media nacional. Diego Derewicki, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chaco, indicó en contacto con los medios que “nos congregamos para mostrar a la sociedad nuestro reclamo y nuestra exigencia tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial, al Superior Tribunal de Justicia, que se cumpla con un derecho constitucional que en la provincia de Chaco está vulnerado que es la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales”.
En ese sentido, señaló que “venimos reclamando este derecho constitucional hace más de 16 años en sede judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido y ha dicho que ésta garantía, es decir que los sueldos de magistrados y funcionarios, está deteriorada, está vulnerada, eso ya lo dijo hace más de dos años” y consideró que “lamentablemente ni el PE ni el PL cumplen con la función constitucional de regular una norma para restablecer esta garantía tan básica de nuestros derechos constitucionales y una garantía que en definitiva sostiene la independencia judicial”.
Respecto a la intangibilidad, Derewicki manifestó que “está pensada para que la gente tenga jueces probos, una justicia idónea, una justicia rápida, que tenga jueces, fiscales, asesores y defensores oficiales realmente capacitados y que no atiendan a ningún tipo de influencia de ningún poder, ni económico ni político, para que puedan resolver sus conflictos”. “Nosotros no podemos esperar más, atribuimos esto a una omisión que no entendemos por qué, porque nosotros recurrimos a la justicia como cualquier ciudadano cuando no se le reconocen sus derechos y tenemos una decisión definitiva y firme y lamentablemente el Ejecutivo no lo cumple”, añadió.
También expresó que “manifiestan que hay problemas por la pandemia, que hay problemas por la situación económica de emergencia que vive la provincia y el país, pero sin embargo a los empleados, y no desconocemos sus derechos tampoco, le reconocieron mediante dos decretos aumentos que no aplicaron a magistrados y funcionarios, pese a que nosotros tenemos reconocido por sentencia definitiva”. “Eso nos da la pauta a nosotros que problemas económicos no existen para ir restableciendo aunque sea mínimamente esta garantía vulnerada”, manifestó el representante de magistrados y funcionarios.
Así las cosas, Derewicki afirmó que “solicitamos públicamente que se abran las instancias de mediación, de diálogo, con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que nuevamente nos han cerrado las puertas y no existe ninguna mesa de diálogo para conversar y llegar a un acuerdo posible”.
Además, planteó que “no exigimos algo extremo como es la equiparación hoy a la justicia nacional, exigimos algo razonable, a lo mejor como una media nacional que publica la Federación Argentina de la Magistratura”.
Cabe marcar que el conflicto por intangibilidad viene de larga data pero se acentuó entre los últimos meses del 2020 y el primer semestre del 2021, cuando un fallo del STJ ad hoc, en septiembre del año pasado, intimó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a restablecimiento de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios “a través de la recomposición de los salarios de los amparistas mediante un mecanismo que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial”. En abril de este año, se conoció una resolución de los jueces del mismo tribunal ad hoc en la que determinó que los poderes Ejecutivo y Legislativo “deberán informar dentro del plazo de cuarenta (40) días contados a partir de la notificación de la presente las gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Considerandos”.
Eso hizo que el bloque oficialista de la Legislatura salga al cruce y a través de una Resolución aprobada en julio de este año en manifestaron que “se rechaza todo lo expuesto por el Poder Judicial por considerarlo infundado como así también considerando que abraza injusta e ilegalmente la intromisión a ése Poder, violentando la autonomía de cada uno de los Poderes del Estado”.
Agregaron que “es preciso destacar que existe una imposibilidad real por parte del Poder Legislativo de determinar unilateralmente como se traduce en términos dinerarios los conceptos que involucran la parte resolutiva del fallo, remitiendo al proceso de formación y sanción de las leyes consagradas en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Cámara, además de que, en lo sustancial, el Poder Ejecutivo es quien administra las disponibilidades financieras e interactúa con el Poder Judicial, siguiendo los lineamientos normados tanto del Reglamento de la Cámara de Diputados como la Constitución Provincial”.
