La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, indicó que “la sociedad colabora con datos sólidos e importantes y en otros casos con datos que no se llegan a corroborar por distintos motivos”.

“Hay un interés de la sociedad de colaborar en esta causa de lavado y corrupción que no pasó en otras causas instruidas en Resistencia”, destacó la magistrada.

“Tener dos juzgados es complicado pero estuve en peores cuando atendía dos en Formosa y uno en Sáenz Peña”, indicó a los medios.

“Hay una investigación preliminar por lavado de activos y delitos conexos que está relacionada con los funcionarios provinciales y existe otra causa en la justicia provincial contra parte de los imputados”, detalló.
“Esa investigación preliminar todavía está en la fiscalía y comenzará a tener andamiaje judicial a partir de que la fiscalía presente un requerimiento de instrucción formal contra determinadas personas. Debe indicar qué se les imputa, cuales son los hechos y las pruebas existentes”, dijo.
“Hasta este momento la única tarea que tuvo el tribunal es ordenar aquellas medidas que no puede hacer el fiscal sin orden judicial”, comentó.

“En la otra causa que tiene detenido a Jacinto Sampayo y otras personas, también por lavado de activos, ya existe un requerimiento de instrucción a partir del día siguiente de los allanamientos y detenciones que se llevaron a cabo donde existe imputación a personas determinadas. Ya se ha recibido declaración indagatoria a los detenidos y quienes resultan relacionados con esta causa”, definió.

“Por su puesto que estamos  recién el origen de la investigación y por lo tanto seguimos haciendo procedimientos e investigaciones”, comentó.

“Se abstuvieron a declarar todos. Tienen ese derecho a no declarar sin que ello implique presunción en su contra. Esto es porque antes en la indagatoria era una especie de acusación pero ahora es un acto de defensa desde. Ocurre desde que los pactos internacionales tienen rango constitucional. 

La indagatoria es un acto de defensa donde puede abstenerse e incluso mentir porque no está obligado a decir la verdad”, detalló.

“Nosotros podemos llamar a un imputado para invitarlo planteó a realizar alguna declaración o puede pedir ampliaciones cuando así lo desee”, agregó.

El delito de lavado implica que “personas insertaron dinero o bienes de procedencia ilegítima en el mercado legal.

Es decir que para perder el origen de los fondos o el origen de los bienes, para que no se sepan de donde son los fondos o para perder la ruta  de las personas, utilizo determinados mecanismos para que el dinero aparezca como lícito”.

Sobre la causa de Carbón Blanco, afirmó que “una causa donde un trabajó esforzadamente llega a juicio nos da la sensación de que no se trabajó inútilmente. Nuestro objetivo es dar respuesta a la sociedad y en nuestro caso es llevando adelante los expedientes para determinar responsabilidades”.

“En el caso de lavado de activos de Carbón Blanco, es una de las causas más importantes. Es importante, incluso para la Argentina, que se llegue a sentencia firme y se determine las responsabilidades dado que nuestro país es monitoreado por la actitud que adopta  frente a estos delitos”, dijo.

“Hay una forma de computar cuando están condenados en distintas causas. Se pueden pedir conmutación de pena pero eso le corresponde  al tribunal que unificará la pena”, explicó.

“No sabemos si donde no encontramos elementos es porque se filtró el dato.

Siempre tratamos de tomar los recaudos para que nada se filtre porque el éxito de la investigación depende de la prueba que logre y muchas veces esta se obtiene allanando los lugares.

Son medidas intrusivas pero no se tiene otra forma para lograr la recolección de la prueba”, afirmó.

“La jurisprudencia dice que cuando un delito provincial está conectado con uno federal podrían ser investigado en forma conjunta pero no es obligación sino que podría hacerse o tal vez no.

Todo dependerá de que nosotros consideremos cuán importante o útil nos resulte conectar los expedientes”, finalizó.