Hasta el momento son cinco los efectivos policiales detenidos tras el conflicto que desembocó en la muerte de un joven qom de 23 años. El Ministerio de Seguridad y Justicia continúa trabajando en el esclarecimiento del caso y la Secretaría de Derechos Humanos se reunió con familiares de la víctima y testigos del hecho.

El Gobierno de la provincia del Chaco informó esta noche que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos hoy viernes en General San Martín y que tuvieron como saldo el fallecimiento de un joven qom de 23 años, que se presume habría sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales.

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, informó que el área a su cargo se constituirá como querellante en la causa, con el consentimiento de familiares directos de la víctima.

La decisión surgió luego de una visita que incluyó a los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y otras áreas. La causa se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña y en el marco de la investigación fueron detenidos cinco efectivos policiales.

“Desde el momento en que tomamos conocimiento de los hechos nos comunicamos con referentes de la comunidad y los escuchamos. Fuimos con la traductora indígena Elizabeth González, y escuchamos a los familiares de la víctima, a quienes se les explicó la situación y les comunicamos que se va a garantizar que la autopsia sea realizada por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de Resistencia”, explicó Silvana Pérez.

Además, de manera inmediata y una vez conocidas las circunstancias del hecho, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, el subsecretario de Planificación de Seguridad de Justicia Leandro Álvarez, el Jefe de Policía Ariel Acuña y el Subjefe de Policía se hicieron presentes en el lugar para garantizar el ingreso de los actores judiciales e iniciar el procedimiento de investigación.

«Mi presencia en el lugar tuvo el fin de garantizar la articulación de todas las áreas del Estado que se vieron involucradas en la situación y así destrabar el conflicto», indicó Gloria Zalazar. En el lugar, se intervino y coordinó con el Poder Judicial, Gendarmería, y otras áreas de la Policía del Chaco que no pertenecen a la Dirección General de la Ciudad de San Martín.

La titular de Derechos Humanos y Géneros informó que junto a los equipos de diversas áreas “esperamos a que llegara el IMCIF a retirar el cuerpo. La fuerza que ingresó fue Gendarmería nacional. Estuvieron presentes la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch y parte de los equipos técnicos”.

Desde la Secretaría, solicitaron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia, cuya competencia corresponde en este caso a la unidad de Sáenz Peña, situación que fue comunicada mediante una nota digital al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF).  “Además solicitamos se aplique en la autopsia el protocolo de Minnesota, que corresponde en estos casos”, detalló Pérez

El protocolo de Minnesota es una herramienta elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes «potencialmente ilícitas». Es aplicable en los casos en que una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes; cuando la muerte sucedió mientras la persona estaba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes; o cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.

“Escuchamos los testimonios del barrio y acompañamos al ayudante de la Fiscalía de Derechos Humanos César Hidalgo para que pudiera tomar los nombres y apellidos de los testigos oculares», amplió la funcionaria.

El Gobierno de la provincia dio intervención a todos los organismos de Derechos Humanos, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Al determinarse los o las responsables, serán sometidos al proceso administrativo de exoneración, garantizando la transparencia e independencia absoluta en la investigación penal del delito que correspondiese.