Una nueva polémica se desató en Resistencia luego de que la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Roy Nikisch, resolviera el retiro obligatorio de los balcones gastronómicos que fueron autorizados durante la pandemia de Covid-19. La decisión fue oficializada mediante una resolución firmada por varios funcionarios municipales, bajo el argumento de avanzar con un plan de reordenamiento urbano y garantizar la seguridad vial.

Cabe mencionar que, durante la gestión del exintendente Gustavo Martínez, se había implementado una serie de medidas excepcionales para apoyar al sector gastronómico ante las restricciones sanitarias. Entre ellas, se habilitó la ocupación de hasta dos metros de calzada frente a los locales, se permitió el estacionamiento sobre ambas manos en zonas habilitadas, y se eximió del pago de tasas por uso del espacio público, lo que dio lugar al surgimiento de estructuras conocidas como «balcones gastronómicos».

Sin embargo, ahora la actual gestión municipal considera que estas plataformas representan un riesgo potencial para la seguridad y obstaculizan la circulación normal de vehículos, por lo que exige su desmantelamiento. Esta disposición generó preocupación y rechazo por parte de comerciantes, que afirman que muchos de sus emprendimientos dependen por completo de esos espacios. 

La discusión no es nueva. Ya durante la gestión anterior, cuando se habilitaron los balcones, hubo sectores que pusieron el foco en los riesgos de accidentes viales al ocupar la calzada en calles y avenidas muy transitadas. No obstante, muchos comerciantes valoraron esa medida como una tabla de salvación en tiempos críticos.

Hoy, con el cambio de autoridades, el futuro de estas estructuras vuelve a ser motivo de tensión entre el sector privado y el municipio. Mientras se argumenta la necesidad de recuperar el orden y la seguridad en el espacio urbano, los comerciantes piden que se considere el impacto económico de una medida que podría poner en jaque cientos de puestos de trabajo.