Un grupo de agentes públicos salteó a los gremios tradicionales y presentó una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial N° 21.

Denuncian que el Gobierno impone aumentos unilaterales y que los sindicatos ATE, UPCN y UPCP no defienden el poder adquisitivo frente a la inflación.

RESISTENCIA. En un movimiento inédito que expone la fractura entre las bases y las cúpulas gremiales, un grupo de trabajadores estatales de la administración pública provincial decidió recurrir a la Justicia para forzar la apertura de paritarias y una recomposición salarial urgente.

La causa, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 21 a cargo del magistrado Julián Flores, tuvo este jueves su primera audiencia clave, marcando un precedente sobre cómo la inacción sindical está siendo cuestionada desde adentro del propio Estado Chaqueño.

El eje central de la demanda radica en la ausencia de una convocatoria formal a la negociación paritaria, una obligación establecida por ley que, según los accionantes, está siendo vulnerada.

Los trabajadores denuncian que los incrementos de haberes se definen actualmente de manera unilateral por parte del Ejecutivo, sin una mesa de diálogo que permita discutir salarios acordes al costo de vida actual.

Durante la audiencia, el malestar se trasladó también hacia las organizaciones que deberían representar a los empleados: el abogado patrocinante, José Rundio, fue categórico al señalar que las entidades sindicales se muestran «lejos de respetar el espíritu de su existencia».

La tensión en los tribunales se hizo evidente cuando el juez Flores convocó a los representantes de ATE, UPCN y UPCP para participar del proceso.

Según relató la querella, mientras los referentes de ATE y UPCN mostraron un aparente desinterés al no presentar propuestas para abrir la negociación, la posición de UPCP fue calificada como «amigable con la patronal».

Esta supuesta connivencia entre los gremios y el Gobierno es lo que motivó a los agentes estatales a actuar por fuera de las estructuras tradicionales para garantizar su derecho a una vida digna.

Ahora, la mirada está puesta en la resolución que adopte el juez Julián Flores. El planteo judicial sostiene que la falta de paritarias no solo incumple la normativa vigente, sino que condena a los trabajadores a salarios de subsistencia en un contexto de alta inflación.

La Justicia deberá determinar si obliga al Estado provincial a sentarse a negociar con sus empleados en una mesa paritaria real, un fallo que podría alterar el tablero político y sindical de la provincia del Chaco en los próximos meses.