Hoy jueves letrados y familiares dieron a conocer la carta que escribieron quienes se denominan “presos políticos”, detenidos en el marco de las causas Lavado I y II, quienes se encuentran detenidos en la cárcel Federal de Resistencia, (U.7) donde solicitan al ex Juez de la Corte Suprema Dr. Eugenio Zaffaroni que intervenga en sus casos particulares. Los mismos consideran que se encuentran privados de su libertad, de manera injusta.

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni

«De nuestra profunda consideración:

«Somos un grupo de profesionales, empresarios, políticos, exfuncionarios, trabajadores, padres, esposos, y ante todo, seres humanos, que nos encontramos en situación de prisión preventiva, privados de nuestra libertad en el Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Federal de Máxima Seguridad N° 7 de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Ante todo, decimos, seres humanos, pues esta carta que decidimos hacer pública, tiene la intención de comunicarle, sabiendo de su amplia y reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos y siendo uno de los principales impulsores de las reformas en el sistema penal argentino y latinoamericano, la penosa e injusta situación por la que estamos atravesando nosotros y nuestras familias, y que nos coloca muy por debajo de los parámetros de la humanidad y la civilidad que nos debemos como miembros de la misma especie.

Hace siete meses fuimos privados de nuestra libertad, violando arbitrariamente las garantías procesales desde el propio procedimiento de detención, en el marco de una investigación penal preparatoria que se ha extendido hasta la fecha sin que existan motivos que hagan pensar en una sustracción de la justicia por nuestra parte y negándosenos la razonabilidad y la proporcionalidad que se esperan en una medida de estas características.

Paralelamente a lo anterior, habiéndonos ya despojado de las garantías que asisten a todo imputado en el marco de un proceso penal (excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, entre otras), también se nos expuso mediáticamente a una criminalización paralela que jugó con nuestras trayectorias, nuestras familias y nuestros nombres como si se tratara de un espectáculo público, en el que se fue mancillando paulatinamente nuestro principio constitucional de inocencia.

Desde el primer momento, entonces, hemos sido tratados, evaluados y encerrados como criminales de firme condena; la repercusión mediática ante la difusión de datos inciertos, especulaciones e intrigas de los magistrados intervinientes, ocasionó una distorsión grotesca de las vías institucionales del proceso, para dar lugar a un circo romano en el que el pulgar abajo estaba ya decidido de antemano.

La intervención tardía de la Juez de Instrucción apuntó con exclusividad a recolectar pruebas que acreditaran las premisas delictivas, con lo que la Juez asume el rol de los Fiscales, sustrayendo al proceso de la imparcialidad debida y a los imputados la garantía de defensa en juicio que nos asiste y ampara, reitero, constitucionalmente y a través de numerosos tratados internacionales en la materia.

Se aplica entonces a la investigación una metodología nefasta y a todas luces inquisitorial, que nos recuerda a las épocas más oscuras de nuestro país y aún más, a las cazas de brujas del medioevo. Primero se elige a quién detener, se lo debilita quitándole o desoyendo las garantías que lo asisten, y luego se acumulan pruebas (aunque sean de dudosa entidad y sin razonabilidad alguna) para forzar la imputación efectiva de un delito.

Este proceder rayano al vedetismo, se ha servido de denuncias anónimas, hechos espurios, testigos falsos, allanamientos direccionados y maliciosos y toda suerte de bajezas que echan por tierra años de garantismo en nuestra provincia y en nuestra República. Sin ánimo de sobreabundar, se ha ordenado la producción de pruebas sin intervención de las partes; se han incorporado hechos al proceso por los cuales no hemos sido indagados; se atribuyen delitos sin circunstanciar modo, tiempo y lugar de supuesta comisión de los mismos, todo basado en meras hipótesis desprovistas de sustento fáctico, con el agravante no menor de que en algunos casos los mismos hechos son investigados en distintos fueros, violando por si lo anterior fuera poco el principio de non bis in ídem.

El fundamento que se alega para sostener nuestra prisión es que la investigación se encuentra en albores y que existen pruebas pendientes. A siete meses de nuestra detención, sintiendo día a día que nuestros hijos crecen allí afuera y no podemos estar a su lado ni sostenerlos económicamente con nuestro trabajo, vulnerando también sus derechos como niños, cada minuto cuenta y duele profundamente, y nos revela con mayor certeza que el fundamento de nuestra retención indebida es no sólo irrazonable y desmedido sino también malicioso y viciado de parcialidad desde los inicios mismos del proceso.

Somos trabajadores y personas públicas; nuestras familias están radicadas aquí, y nuestra vida social, familiar, laboral y política transcurre sin excepción en nuestra provincia. Nuestros hijos se educan aquí, y siempre nos atuvimos a derecho, sin contar ninguno de nosotros con antecedentes policiales o penales que hagan pensar en una eventual fuga o sustracción a la justicia, institución a la cual respetamos y hemos contribuido siempre. Pero estamos convencidos de que este proceso poco tiene de imparcial, menos de razonable y definitivamente nada de justo, ya que se nos han aplicado todas las medidas de coerción juntas, se nos ha privado de la libertad tanto a nosotros como a nuestras esposas, se nos ha embargado, inhibido e incluso prohibido salir de la provincia y del país, sin ningún fundamento previo que así lo amerite.

Tampoco se ha atendido en nuestro caso a la gradualidad de las medidas cautelares, reiteradamente solicitadas, como ser la libertad bajo caución con obligación de presentarse periódicamente ante los juzgados; uso de pulsera electrónica, detención domiciliaria, Etc., todas las cuales podrían haber satisfecho los motivos que dan lugar a la privación de la libertad en un orden razonable y proporcionado al principio de inocencia.

Nos encontramos presos, sometidos a un régimen de máxima seguridad, preparado para personas condenadas de alta peligrosidad; Nos encontramos con protocolos crueles y denigrantes, dentro de los cuales se nos exige que nos desnudemos cada vez que salimos de nuestras celdas; Nos encontramos poniendo en peligro nuestras vidas, compartiendo el día a día con condenados de alta peligrosidad. Convivimos en condiciones inhumanas e insalubres, con ratas, cucarachas, alacranes, pulgas, arañas y otras alimañas. Hemos sido testigos de situaciones extremas de agresiones entre internos, de intentos de suicidio, de exposición de cadáveres. Nuestras familias no son ajenas al escarnio, ya que constantemente reciben amenazas, robos y persecución de personas desconocidas.

La sociedad no debiera ser un espectador más de este show montado burdamente sobre rivalidades políticas, económicas o personales. Es preciso alertar del peligro que encarna la ausencia de seguridad jurídica, un peligro tanto actual como potencial, del cual hoy nos vemos perjudicados nosotros, pero mañana puede ser cualquiera de los argentinos a quien la Justicia cierre sus puertas o las abra con un ojo en la víctima y el otro en los réditos.

La selección quirúrgica que se ha hecho de los imputados en esta causa, así como el hecho de que se haya pasado por alto a otros tantos funcionarios altamente sospechados y denunciados por años, habla a las claras del panorama que estamos atravesando, y que no es un síntoma menor de la degradación institucional que se viene incrementando en los últimos años en nuestro país y en toda Latinoamérica.

Por eso, le pedimos a usted, firme y acérrimo defensor de las garantías procesales y de los derechos humanos, que embandere junto a nosotros el reclamo de que la prisión preventiva no es regla sino excepción, y que aun en caso de ser legítima no puede prolongarse indefinidamente durante la totalidad del plazo que dure la investigación, máxime cuando en la misma existen intereses dilatorios y maliciosos en juego.

Confiamos en su alto criterio y en que es justo y pertinente que tome cartas en el asunto. Lo necesitan nuestras familias, lo necesitamos nosotros mismos y lo necesitan todos los argentinos en un mismo reclamo.

Quedamos a su entera disposición y será un honor recibir su visita, la cual esperamos con ansias en pos de un mejor país que dejarles a nuestros hijos.

Atentamente,

Héctor Horacio Rey DNI 25.109.343, Gustavo Alejandro Katavich DNI 24.209.369, Pedro Alberto Martínez DNI 11.820.640, Daniel Alejandro Fischer DNI 26.418.520, Ramón Alejandro Chávez DNI 24.534.115, Carlos Alberto Secundino Huidobro DNI 24.297.105, Roberto Marcelo Lugo DNI 22.330.971, Rolando Javier Acuña DNI 23.492.006, Ricardo Ariel Retamozo DNI 22.905.424, Ismael Ángel Fernández DNI 24066896, Cesar Orlando Zibechi DNI 17.412.089″.