El conflicto en el sistema de transporte urbano del Gran Resistencia volvió a profundizarse. La empresa San Fernando anunció que iniciará su propio Proceso Preventivo de Crisis (PPC), mientras que TCM se sumará a ERSA Urbano en la aplicación de medidas que incluyen suspensiones rotativas y eventuales despidos, ante la ausencia de respuestas oficiales frente al deterioro económico que atraviesa el sector.

La situación revela una crisis estructural dentro del Sistema de Transporte del Área Metropolitana (Sitam), con negociaciones fragmentadas y encaradas de forma individual por cada empresa, sin la mediación directa de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach).

Una crisis que se expande

El conflicto se inició cuando ERSA Urbano, principal operadora del sistema, junto a la UTE TCM, activaron en agosto un PPC por la “imposibilidad de sostener los costos operativos” debido al congelamiento tarifario y la falta de actualización de los subsidios nacionales y provinciales. Ahora, San Fernando decidió seguir el mismo camino, encendiendo nuevas alarmas sobre la viabilidad del servicio urbano.

En el marco de los procesos preventivos vigentes hasta el 30 de noviembre, ERSA y TCM acordaron un esquema salarial que contempla el pago del 90% del sueldo como no remunerativo y el 10% en blanco, calculado sobre la escala salarial de enero y no la de mayo. A esto se suma una reducción de la jornada laboral, con aproximadamente 18 días trabajados por mes, lo que implica la pérdida del viático diario —estimado entre $8.000 y $10.000—.
Como resultado, los choferes perciben cerca de $1 millón de bolsillo, frente a los $1,3 a $1,4 millones que corresponderían según la escala actualizada.

Pese a este esquema transitorio, el equilibrio financiero no llegó. Por eso, San Fernando formalizó la presentación de su PPC ante la Dirección Provincial de Trabajo, buscando un acuerdo similar para sostener la operación.

Desde la Cetach aclararon que no intervienen en el conflicto, ya que cada firma gestiona sus negociaciones de forma independiente.

Empresas al límite

Las compañías coinciden en que la falta de actualización tarifaria y de refuerzos en los subsidios las deja en una situación crítica. Con una recaudación que no cubre los costos mínimos, advierten que el sistema “está obligado a achicarse” y que resultará imposible mantener los actuales niveles de personal y frecuencia si no hay un alivio económico antes de fin de mes.

En este contexto, el 30 de noviembre aparece como un punto decisivo. Si la UTA no acepta ampliar las suspensiones rotativas o una reestructuración temporal, las empresas anticipan que no podrán garantizar la continuidad del servicio desde diciembre.

Líneas afectadas

Las medidas ya impactan sobre casi todo el corredor urbano:

• ERSA opera las líneas 204, 205, 107, 101, 2, 9 y 106.
• TCM administra las 8, 12, 206, 111 y 3.
• San Fernando tiene a su cargo las líneas 5 y 207.

Por ahora, solo las líneas 110 y 104 permanecen fuera de los procesos de crisis.

El panorama configura uno de los momentos más delicados para el transporte público del Gran Resistencia en los últimos años, con un futuro inmediato que depende de acuerdos salariales urgentes y definiciones políticas aún pendientes.