“No renunciaremos a la defensa de la cultura como derecho social”, es el título del documento que difundieron este viernes trabajadores de Cultura nucleados en ATE, quienes aseguraron: “nuestros reclamos llevan años sin ser atendidos”.

Para los trabajadores, “la falta de respuestas de los presidentes de la institución no obedecen a la pura desidia: son parte de un plan en el que los trabajadores somos los primeros precarizados. Pero la afectada en segundo lugar es la población chaqueña, la cual es perjudicada por el vaciamiento de las políticas públicas culturales”.

Recordaron que el artículo 20 de la Ley Provincial de Cultura establece que el presupuesto destinado a garantizar el acceso a la cultura debe constituirse con el equivalente al 1% (como mínimo), del presupuesto general anual de la provincia. “Sin embargo, en más de diez años de sancionada esta legislación, jamás se ha cumplido, y lo que es peor, el presupuesto destinado al Instituto de Cultura ha ido en marcada disminución los últimos cinco años”, señalaron.

Valoraron en estos 30 días con medidas de fuerza poder contar con el apoyo de artistas, hacedores culturales y el público de espacios y centros culturales, “quienes entienden que la dignidad de nuestro trabajo es un derecho irrenunciable.

Para que el público disfrute de un recital, de una obra de teatro, se capacite en talleres, vaya a una exposición, asista a las actuaciones del Ballet Contemporáneo del Chaco, del Coro Qom Chelaalapí, presencie un concierto de la Orquesta Sinfónica provincial o de las distintas formaciones corales, para que los artistas difundan sus obras y producciones, atrás estamos quienes desde hace años venimos trabajando para el Estado chaqueño con “contratos basura”, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin posibilidad de jubilarnos, sin cobrar por trabajar fines de semana y feriados y en horario nocturno”, detallaron.

Rechazaron que  gobierno provincial haga “gala” de que Resistencia es la Capital Cultural y mencionaron que “para que los chaqueños y las chaqueñas puedan acceder a los eventos culturales hay sonidistas, iluminadores, bailarines, instrumentistas, acomodadores, por nombrar algunos, trabajando por salarios que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, y sin estabilidad laboral desde hace quince años”.

“Desde que logramos organizarnos y encarar los reclamos que permitan revertir esta situación, al menos parcialmente – sostuvieron-, nos encontramos con funcionarios que cierran los canales de diálogo, incumplen sus promesas, nos persiguen y nos reprimen.

En este mes de conflicto, la única acción concreta de parte del directorio del Instituto de Cultura, conformado por Marcelo Gustin como presidente y Ariel Bottini como vocal, fue denunciar a las trabajadoras y los trabajadores ante la policía”.

Y concluyeron que, “así como el trabajo digno es un derecho humano garantizado en la Constitución Nacional, la cultura es un derecho social inalienable. Y es el Estado el que debe constituirse como su garante indelegable”.