Se trata de una trama de corrupción dentro de la Contaduría General del Ejército para desviar fondos a través de cuevas financieras donde se cambiaba el dinero que se habría destinado para pagar la defensa de los genocidas envueltos en causas vinculadas a la última dictadura.
La AFIP ya le elevó un informe al juez Martínez De Giorgi.
La denuncia estalló en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando un particular de nombre Pablo Pildaín, denunció una trama de corrupción al interior de la Contaduría General del Ejercito que terminaba en dinero destinado a financiar los abogados de vario genocidas que afrontan causas por delitos de Lesa Humanidad.
El denunciante relató que entre los años 2012 y 2016, todos los meses retiraba los cheques de la Contaduría, los cambiaba en una cueva ubicada en Corrientes al 300, y regresaba con el efectivo.
A cambio se quedaba con una comisión, al igual que la financiera.
El juez Martínez De Giorgi comenzó con la investigación hace dos meses, desde entonces ya hizo dos operativos en el Ejército y relevó información de varios organismos.
Fue la AFIP la encargada de obtener un dato clave al detectar facturas apócrifas en la Contaduría del Ejército.
«Las facturas se habrían utilizado para justificar los cheques que se cambiaban en las cuevas», aseguraron desde la investigación al portal Infobae.
Según relató el denunciante, cambiaba alrededor de un millón de pesos mensuales.
Los cheques siempre provenían de la Contaduría, pero el detonante habría sido un cheque de Nación Seguros que no se pudo cambiar.
Pildaín que se auntoincriminó afirmó que le entregaba dinero en efectivo a los coroneles Alberto Martínez Azzolina, hoy retirado, y Ricardo Belusci, también en proceso de retiro.
Además de estos, el listado alcanzaría a varios represores que utilizaban el dinero para pagarle a los abogados que los defienden en las causas por delitos de Lesa Humanidad.
De todos modos hay que tener en cuenta que Pidaín llegó a Comodoro Py acosado por una serie de acreedores a los que les debe dinero, según él mismo contó en un reportaje que le hizo Rolando Graña en América 24.
Los acreedores, de hecho, contrataron a una empresa que se especializa en perseguir morosos.
El denunciante dice que invirtió esos fondos en una «mesa de dinero» paralela que funcionaba en la Contaduría del Ejército y que esa mesa se dedicaba a otorgar créditos al personal de la fuerza.
El jefe del Ejercito General Diego Suñer ordenó una auditoría interna y además puso al Ejercito como querellante en la causa.
