Luego de dejar en la calle a miles de trabajadores contratados en distintos sectores del Estado y tras el paso del Fondo Monetario Internacional por Buenos Aires, el Gobierno nacional va ahora por los empleados permanentes bajo un método propio de empresa privada: un plan de retiros voluntarios.
El presidente Mauricio Macri creará el régimen a través de un decreto que será publicado la semana próxima en el Boletín Oficial, según anuncia este miércoles el diario La Nación, para continuar con la reducción del «gasto público y el déficit fiscal».
Los cerebros de la normativa fueron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Modernización, Andrés Ibarra; y el ex director de la AFIP, Alberto Abad.
La medida estará destinada a todo el personal de planta permanente y a los que se rijan por la ley de contrato de trabajo de la administración nacional, que comprende el Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social como Pami, Anses, Afip, Senasa, Inta, Inti, entre otros.
También se «invitará» a las empresas públicas a sumarse.
El Gobierno espera deshacerse de entre 3 mil y 5 mil empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.
La tentadora oferta contemplará entre 24 a 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto más la cobertura de la obra social durante el mismo lapso.
Los planes se interrumpirán si el beneficiario se jubila.
Las condiciones de los trabajadores para adherirse al retiro voluntario serán tres: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad.
En el último caso, las cuotas serán del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad, pero quienes se acojan podrán reinsertarse en el sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan.
Según confirmaron fuentes oficiales a La Nación, se estima que 80 mil de los 208 mil trabajadores que posee el Estado Nacional están en condiciones de tomar el retiro voluntario.
De esta manera, el Gobierno espera deshacerse de entre 3 mil y 5 mil empleados públicos, que no podrán ser reemplazados en el futuro.
