El presidente argentino, Alberto Fernández, firmó este jueves el decreto para la promulgación de la ley del aborto aprobada el 30 de diciembre pasado por el Senado, una normativa que, según el mandatario, permitirá crear una sociedad «un poco más igualitaria y un poco más justa».

Acompañado por representantes políticos y colectivos feministas, Fernández aseguró que con la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la ley 27.610, el Estado estará presente para salvaguardar la salud «que la clandestinidad no garantiza».
«He cumplido mi palabra, hoy tenemos una mejor sociedad, hoy tenemos una sociedad más igualitaria, hoy empezamos a escribir otra historia, la de buscar más derechos donde los desequilibrios aún existen», aseveró el jefe del Estado argentino, en un acto que tuvo lugar en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

Una vez se publique en el Boletín Oficial, esta ley del aborto, impulsada por el propio Gobierno de Alberto Fernández, permitirá interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.

Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permitirá bajo las dos causales existentes hasta ahora y que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la madre o si el embarazo fue por una violación.

El texto legal también habilita la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran participar del aborto, siempre y cuando deriven a las pacientes a otros profesionales de la salud que sí lo hagan.

«Créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, una gran injusticia que se vivía durante siglos en la humanidad. Es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres, y dándoles a las mujeres la posibilidad de decidir», defendió Fernández.

Junto con esta normativa también entrará en vigor otra ley, la de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como el «plan de los 1.000 días», que establece una nueva asignación anual para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.

«Si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podría hacerle frente, ese dilema lo terminamos con la ley de los 1.000 días», apuntó el presidente argentino respecto a esta segunda normativa, que también prevé la provisión pública y gratuita de recursos básicos, como medicamentos esenciales, leche o vacunas, durante el embarazo y la primera infancia.

Con la promulgación de la ley del aborto, Argentina se consagra como uno de los países con mayores avances sociales de América Latina, una región en donde el derecho al aborto es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países.

Solo Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo, a los que se sumará Argentina en cuanto la ley aparezca publicada en el Boletín Oficial.