Dirigentes gremiales y empresarios del sector expusieron ante la comisión de Vivienda de la Cámara Baja. Advirtieron por el impacto del freno a la obra pública, la parálisis de la vivienda social y el encarecimiento del metro cuadrado en dólares.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) trazó un panorama dramático sobre la realidad que atraviesa el sector desde el cambio de gestión a nivel nacional.

En el marco de una presentación formal ante la Cámara de Diputados, los dirigentes sindicales denunciaron que se perdieron más de 91.000 puestos de trabajo registrados en la industria de la construcción desde diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio del mandato del presidente Javier Milei.

Según explicaron, la mitad de ese desplome laboral afecta de manera directa a trabajadores que estaban abocados a proyectos habitacionales.

La exposición tuvo lugar en el seno de la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara Baja, un ámbito presidido por el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman.

Durante el encuentro, legisladores, sindicalistas y referentes del sector privado analizaron la evolución de los índices de la construcción, el fuerte repliegue de la inversión pública, la situación de la vivienda social y el desmantelamiento de los programas de financiamiento estatal, con especial foco en el impacto del plan Procrear.

El director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, fue el encargado de detallar las cifras de la crisis laboral ante los diputados. El referente sindical precisó que de los 91.000 empleos formales destruidos en los últimos meses, entre 35.000 y 50.000 correspondían específicamente al segmento de la vivienda.

Gándara hizo hincapié en que la obra de vivienda social es un sector de mano de obra intensiva, lo que multiplica el impacto del desempleo en comparación con los proyectos de infraestructura vial.

En su disertación, reclamó la necesidad de contar con estadísticas oficiales fehacientes y propuso unificar los estándares normativos provinciales y municipales que suelen trabar los desarrollos inmobiliarios, al tiempo que alertó sobre la preocupante ausencia de políticas estatales destinadas a la capacitación y recalificación de los obreros desocupados.

La mirada empresaria coincidió con el diagnóstico gremial respecto a las dificultades del mercado interno. El titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, advirtió sobre el combo letal que representan el elevado costo en dólares del metro cuadrado y la persistente falta de financiamiento y créditos hipotecarios accesibles.

Para el empresario, esta coyuntura macroeconómica transformó el acceso a la vivienda en un verdadero lujo para la mayoría de los argentinos, por lo que instó a todas las fuerzas políticas a trabajar de forma mancomunada para revertir la tendencia, independientemente del signo político del Gobierno de turno.

Por su parte, los representantes de los institutos de vivienda provinciales aportaron la perspectiva de los gobiernos del interior del país. El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró urgente el diseño y tratamiento de una nueva ley nacional de vivienda que logre coordinar los esfuerzos de las provincias, los municipios, el sistema financiero y el sector inmobiliario privado, con la meta de acortar los plazos para saldar el histórico déficit habitacional en un horizonte de 10 a 15 años.

Finalmente, la titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, cuestionó la mirada desreguladora de la economía al asegurar que cuando el Estado se retira del rol de la construcción de viviendas, el mercado inmobiliario privado no aparece de forma mágica para solucionar la demanda de los sectores vulnerables.

La funcionaria pampeana concluyó su intervención remarcando la necesidad de consolidar un modelo federal que sostenga la inclusión social como un pilar fundamental de la política habitacional.