Como un gesto a los sindicatos, ayer se firmó el decreto que sumará $ 13.100 millones a las obras sociales. Y se destinarán otros $ 3.375 millones para planes de asistencia.

l Gobierno busca recuperar la iniciativa en el frente social y sindical con una serie de medidas que inyectará fondos por más de 16 mil millones de pesos, que ya tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Fuentes oficiales confirmaron que ayer se firmó el decreto, que se publicará el lunes, para aportar $ 13.100 millones a las obras sociales. Un gesto hacia los sindicatos en el año electoral y en medio del debate por un nuevo paro general.

A esto se suman aportes adicionales por $ 3.375 millones que se otorgarán por un aumento extraordinario en los planes sociales por la crisis económica y un refuerzo de los fondos para los hogares de asistencia a adictos que maneja la Iglesia Católica.

En Casa Rosada anticiparonque las 291 obras sociales se verán beneficiadas por el decreto presidencial que refuerza, con $ 13.100 millones, los fondos que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo que las regula.

En este tema venían trabajando la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, con los gremios de la CGT.

La letra chica del decreto supone que tanto la deuda –más los intereses de la deuda– que tenía OSDE (de $ 8.500 millones), sumado a los intereses de un bono emitido en 2016 (el Bonar 2020) pasarán a formar parte de la Cobertura Universal de Salud y a un Fondo Especial de Emergencia para tratamientos complejos. En total, esto supone $ 13.100 millones.

Además, el decreto incluirá un ajuste en los aportes que tienen las obras sociales por los jubilados que optan por seguir en ellas en lugar de ingresar al PAMI. También se incluirá en la norma las compras centralizadas de medicamentos por parte de la Superintendencia para bajar costos.

Otro punto del decreto será la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías para determinar, de manera inequívoca, qué tratamientos deben cubrir las prestadoras.

La idea de esto, según explican en el oficialismo, es frenar la judicialización sistemática de cada tratamiento. Es un reclamo insistente de los sindicalistas, que afrontan costos millonarios con cada amparo.

En la Casa Rosada apuntan que España, Inglaterra y Alemania tienen sistemas de salud con este tipo de organismos. También, en la SSS, hoy a cargo del médico Sebastián Neuspiller, trabajan en el ordenamiento del sistema de reintegros. Para ello trabajan en protocolos para terminar con un sistema discrecional en lo que refiere a las patologías.

El primer programa tuvo que ver con la hemofilia, siguió con el cáncer de mama y ahora avanza con el cáncer de colon. A pesar de la erogación dineraria para las obras sociales prevista en el decreto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mostró una sonrisa cuando vio los números: a fin de año la SSS podría cerrar el 2019 con superávit.

Contención social.

El ministro encargado de los recortes también es una figura clave en la política de contención que se prepara para el sector social. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social obtuvo la semana pasada el visto bueno de Dujovne para avanzar en un paquete social que permita contener la creciente conflictividad de este sector.

Por un lado, se confirmó que habrá un ajuste en el Salario Social Complementario, el principal programa de ayuda creado a partir de la Ley de Emergencia Social.

Este mes se cobrará un primer aumento que llevará el plan a 6.250 pesos, en mayo será la misma cifra, en junio se elevará a 6.500 y en julio alcanzará 7.500 pesos por beneficiario.

El refuerzo en 1.250 pesos mensuales, multiplicado por los cerca de 450 mil receptores implica un gasto adicional mensual de $ 562 millones. Hacia fin de año se acumulará un “esfuerzo” superior a los 3.300 millones de pesos en ese gasto social.

Fuentes oficiales indicaron además que se buscará regularizar la entrega de alimentos y reforzar en algunos focos, con especial énfasis en el Conurbano. Entre el jueves y el miércoles próximos se volverán a reunir para llevar una respuesta concreta a las demandas que llegan desde dos polos piqueteros.

Por un lado está el Triunvirato de San Cayetano, que integran la CCC, Barrios de Pie -Somos y la CTEP.

Este sector trabaja cerca de la Iglesia y fue el interlocutor privilegiado del Gobierno en proyectos como el relevamiento de barrios populares o la formulación de una Ley de Emergencia Social.

Igualmente, la relación es tirante y desde este sector aseguran que mantendrán la idea de realizar el próximo jueves una protesta nacional, pese a algunas dudas de la CGT al respecto. El segundo frente piquetero está liderado por  el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur y otras organizaciones más pequeñas.

Estos últimos fueron los protagonistas del intento de acampe en la 9 de Julio que se prolongó hasta la noche del 4A. El compromiso es que la próxima semana tendrán una reunión donde se confirmará la suba en el salario social y habrá una respuesta para sus dos demandas centrales: refuerzo de la ayuda alimentaria y apertura de los programas de asistencia.

La ampliación de la asistencia que alcanza a obras sociales y organizaciones piqueteras también tendrá un correlato para la Iglesia Católica. El jueves, durante la reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Culto Alfredo Abriani con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, los funcionarios comprometieron un aumento de los fondos a los hogares de asistencia para adictos, una demanda recurrente de los obispos.

 Casi todas las consultas sobre temas de obras sociales a los jerarcas de la CGT terminan con esa frase. El “Flaco” es José Luis Lingeri, secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, especialista en temas de asistencia médica gremial y ex Superintendente de Servicios de Salud.

El jueves, durante la marcha, evitó el lugar en la cabecera y marchó, paraguas en mano, con los militantes de su gremio. A pesar de su perfil bajo, es un hombre clave en las negociaciones con el Gobierno.

En el inicio de la gestión Cambiemos, el superintendente de Servicios de Salud fue un hombre de su confianza, Luis Scervino, hasta que fue desplazado por Mauricio Macri tras una marcha sindical en 2017. Scervino y Lingeri lograron el acuerdo de 2016 para que el Gobierno restituyera fondos adeudados a las obras sociales, un acuerdo que ahora se refuerza con el decreto que se publicará la próxima semana.

Otro detalle para memoriosos es que los fondos de OSDE que ahora vuelven al sistema son el resultado de un proceso legal que el mismo Lingeri inició, en 1999 cuando era superintendente con Menem.