El desembolso por 2916 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que estaba previsto para el lunes fue suspendido.
Esos recursos conformaban el segundo tramo del crédito acordado con el organismo y fueron solicitados formalmente por Argentina a fines de agosto.
Pero el ingreso de los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario no se concretará hasta que el Directorio del FMI habilite un nuevo cronograma de pagos.
La renegociación del programa de financiamiento condicionado comenzó hace dos semanas. La respuesta formal a las pretensiones del gobierno argentino recién se conocerá hacia fin de mes.
Desde el Ministerio de Hacienda sostienen que fueron ellos quienes decidieron demorar la llegada de las divisas a la espera de que la reformulación del cronograma permita ampliar los montos y recortar los plazos del acuerdo Stand-By.
La postergación del desembolso suma, sin embargo, un vector de volatilidad adicional para la cotización de la moneda estadounidense.
A pesar de las erráticas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar continuó ayer su escalada hasta un nuevo máximo histórico de 40,53 pesos (ver aparte).
El gobierno de Mauricio Macri apuesta a que la flexibilización del crédito con el FMI habilitado a fines de junio le permita despejar la creciente incertidumbre sobre la capacidad del país para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa.
En otras palabras, desarticular la corrida cambiaria y restablecer el flujo de financiamiento.
A cambio, ofrece una prueba de amor: la profundización del ajuste fiscal. El programa de austeridad con retenciones anunciado diez días atrás, sin embargo, no alcanzó para contener las presiones devaluatorias.
En un escenario de renovada incertidumbre, los dólares que debían ingresar el lunes quedaron frenados hasta cerrar un nuevo acuerdo.
La magnitud del ajuste fiscal quedará plasmada el lunes cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presente el proyecto de Presupuesto 2019 en el Congreso. Los tijeretazos fueron supervisados y consensuados con los técnicos del FMI que se encuentran en el país desde el martes pasado.
Encabezados por el jefe de Misión para Argentina, Roberto Cardarelli, la comitiva del Fondo llegó a Buenos Aires para “continuar las conversaciones con las autoridades argentinas para trabajar en torno al fortalecimiento del programa”.
Si bien no ofrecieron precisiones sobre los plazos, desde el organismo encabezado por Christine Lagarde indicaron que “nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida de estas discusiones para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo”. Traducción: recién es posible esperar una resolución hacia fin de mes.
La negociación abierta con el FMI es una versión exacerbada del programa que fracasó hace apenas tres meses.
Aun cuando el primer tramo del préstamo por 15.000 millones de dólares fue acompañado por el sobrecumplimiento de las metas de ajuste fiscal, la corrida no se detuvo.
Los términos iniciales preveían que Argentina recibía seis tramos trimestrales por 2917 millones cada uno hasta 2019.
Los desembolsos previstos sumaban 17.502 millones de dólares completando 32.502 millones de dólares al finalizar el año próximo.
Suponiendo que se mantiene el monto total de hasta 50.000 millones de dólares, la pretensión argentina es recibir durante los próximos 16 meses la totalidad de los 35.000 millones de dólares que hoy restan ejecutar.
Si esos fondos se distribuyen en partes iguales, en lugar de tramos trimestrales por hasta 2917 millones de dólares ingresarán desembolsos por 5833 millones de dólares. La distribución podría ser alterada y los funcionarios de Hacienda tampoco descartan que se amplíe el monto total del préstamo.
La fallida experiencia con el ajuste en Grecia llevó al FMI a evaluar la capacidad política e institucional de los gobiernos para implementar los programas de austeridad y reformas comprometidos.
El Staff Report elaborado en junio por los equipos técnicos del FMI ya advertían “una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren ser aprobadas por el Congreso”.
Un documento del Ministerio de Hacienda filtrado la semana pasada estimó que el éxito en el programa de austeridad supone que 2018 terminará con una recesión del 2,4 por ciento y una aceleración de la inflación hasta el 42 por ciento.
Las advertencias del FMI sobre la capacidad del gobierno para implementar el ajuste recuperan relevancia frente a la profundización del recorte en el gasto.
Bajo la forma de sugerencias vertidas en distintos documentos el decálogo de exigencias contempla: facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía al comercio internacional; flexibilización del mercado laboral; y regulaciones favorables a la competencia.
