Así lo informó el Ejecutivo en el Boletín Oficial de este lunes. Además, decretó un nuevo bono extraordinario de 70.000 pesos a cobrar con las jubilaciones de septiembre. Aún así, la mínima será menor a la que disponía el Congreso.
Como había prometido, el presidente Javier Milei impuso un veto total a la nueva fórmula jubilatoria que habían aprobado con amplia mayoría ambas cámaras del Congreso. Este lunes y con la firma de casi todo el gabinete, el Poder Ejecutivo comunicó su decisión en el Boletín Oficial y argumentó que «el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
En el mismo Boletín Oficial también decretó que los jubilados recibirán un nuevo bono extraordinario mensual de 70.000 pesos en septiembre, lo que sin embargo, seguirá dejando a la pensión mínima por debajo de lo que estipulaba la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Poder Legislativo que, aunque no recuperaba todo lo perdido desde diciembre, tras la mega devaluación del Gobierno, sí proponía un aumento mayor al que impulsan las autoridades libertarias.
En los considerandos del veto, el Ejecutivo de Milei argumentó, básicamente, que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria era «inflacionaria». «Que la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones», escribió el Gobierno.
Además, en los considerandos, el decreto argumentó que el proyecto sancionado por el Congreso implicaría, para el Estado, un gasto extra de 6,1 billones de pesos en 2024 y de 15,4 billones de pesos en 2025, es decir, un 1,02% y un 1,64% del PBI, especifica el mismo DNU. Milei había afirmado, en cambio, que implicaría un gasto mucho mayor, del 62% del PBI. «La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el GOBIERNO NACIONAL para el actual ejercicio fiscal y los siguientes», agregó el decreto
También señaló que «además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación del proyecto de ley remitido afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del ESTADO NACIONAL sin la correspondiente generación de recursos».
La decisión de vetar la nueva ley de movilidad jubilatoria
La determinación del presidente Milei se produjo el viernes pasado, después de una serie de reuniones llevadas a cabo en la Casa Rosada, donde se discutió el futuro de la ley con distintos bloques de diputados considerados dialoguistas. A este encuentro asistieron representantes de los partidos PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y La Libertad Avanza (LLA), quienes manifestaron su respaldo al veto presidencial.
Durante estas reuniones, Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes participaron activamente en las negociaciones. Las conversaciones se enfocaron en las razones detrás de la decisión, y en cómo asegurar los dos tercios de los votos necesarios para evitar que la oposición restablezca la ley en el futuro.
El respaldo de los bloques de diputados que asistieron a las reuniones fue clave para Milei, ya que le permite contrarrestar los esfuerzos de algunos sectores de la oposición que buscarán mantener vigente la reforma jubilatoria en el Congreso, pese a que finalmente el veto fue total y no parcial, como se especuló previamente.
El ajuste lo pagaron los jubilados
Los jubilados debieron soportar, en lo que va del año, casi un tercio del total del ajuste que realizó el Gobierno, según un informe del CEPA que se conoció en las últimas horas y al cual accedió El Destape. «La política previsional adoptada desde diciembre 2023 ha constado de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes» como resultado, advirtió la presentación.
El principal período de regresión parra los haberes jubilatorios fue el primer trimestre, ya que, en febrero de 2024, los jubilados cobraron entre un 24,7% y un 29,5% menos que en noviembre 2023, detalló el CEPA, cifra que en marzo se desaceleró a entre 13,7% y 19,2% menos.