En medio de la efervescencia por el debate por la despenalización del aborto en el Congreso, un grupo de legisladores integrado por oficialistas y opositores presentaron su propio proyecto contra la propuesta para despenalizar el aborto.
Se trata de un grupo de quince diputados de diferentes bancas que se autodefinen como «pro vida» y que apunta a «la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer».
Las firmas del proyecto son encabezadas por el cordobés demócristiano Juan Brugge, la kirchnerista Silvia Frana, Vanesa Massetani (Frente Renovador), Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Graciela Caselles (Partido Bloquista de San Juan) y Stella Maris Huczak (PRO).
Lo hicieron también Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), David Schlereth (PRO), Jorge Enriquez(PRO), Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), Carlos Roma (PRO), Graciela Navarro (Frente Cívico santiagueño), Karina Molina (PRO), José Orellana (Primero Tucumán) y Carla Pitiot (Frente Renovador).
Por lo pronto, el «contraproyecto» pone el acento en que el «niño por nacer» tiene «derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna».
El texto en cuestión especifica que si el embarazo es producto de una violación, la mujer podrá acceder durante toda la gestación a una asignación especial equivalente a un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
Asimismo, la iniciativa precisa que se reputará como «violencia contra la mujer» toda «interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto».
En otro apartado, la iniciativa crea un «Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer», integrado por organismos y entidades de la temática, que entre otras cosas debería poner en funcionamiento un «centro de asistencia» para la mujer gestante «en cada hospital público».
La presentación de la iniciativa se realizó horas después de que un grupo de diputados nacionales y representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentaran una iniciativa a favor de la despenalización .
Se trata de un proyecto con la firma de 71 legisladores entre los que también se encuentran oficialistas y opositores.
Esta iniciativa había perdido estado parlamentario y llegó a la Cámara baja por séptima vez con la firma de legisladores de la UCR, el FpV, Cambiemos, la Izquierda, el Movimiento Evita, Evolución, Libres del Sur y el Frente Renovador.
En este caso, la iniciativa apunta a defender el «derecho de toda mujer a decidir voluntariamente» la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.
