En un giro político y económico de alto impacto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cerró un acuerdo salarial con el gremio docente que marca una distancia sideral respecto a las previsiones de la administración central de Javier Milei.

Al convalidar un incremento del 40% para el sector educativo, el mandatario provincial no solo destraba un conflicto gremial agudo, sino que envía un mensaje contundente sobre la realidad inflacionaria que percibe en el territorio, muy alejada del optimismo oficialista.

El acuerdo alcanzado con la UEPC establece un esquema de actualizaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a una cláusula de revisión obligatoria para el mes de octubre.

Esta estructura rompe el techo de cristal de las proyecciones presupuestarias originales, las cuales, en sintonía con el Palacio de Hacienda nacional, estimaban una inflación cercana al 10% y un crecimiento del 6%. Con este paso, el Gobierno cordobés admite implícitamente que el escenario económico actual es significativamente más adverso y volátil de lo previsto.

La medida genera un efecto cascada inmediato en la estructura estatal de la provincia. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ya ha manifestado su intención de replicar este piso del 40%, lo que trasladaría el impacto presupuestario a la administración central, las fuerzas de seguridad, el sector salud y el sistema previsional.

Se estima que el costo fiscal de esta paritaria global ascendería a $1,25 billón anual, un desafío mayúsculo para las arcas provinciales en un contexto de recaudación debilitada por la recesión.

Sin embargo, el frente interno más complejo se traslada ahora a los municipios. Los intendentes cordobeses han manifestado su profunda preocupación, advirtiendo que sus cuentas fiscales —ya golpeadas por ocho meses de caída en la coparticipación— no están en condiciones de absorber reclamos salariales de esta magnitud.

Mientras la provincia comienza a barajar el uso de fondos obtenidos en mercados internacionales para cubrir el bache, los jefes comunales se enfrentan a una encrucijada financiera sin acceso a financiamiento externo y con una presión gremial que amenaza con desbordar las gestiones locales.