El escenario político argentino se sacude ante el vertiginoso deterioro de la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que el funcionario ha alcanzado un techo histórico de rechazo, con una imagen negativa que trepó al 66%.

El informe, que expone el impacto directo de las sospechas de corrupción y los escándalos patrimoniales en la opinión pública, arroja un dato demoledor para la Casa Rosada: el 70,4% de los argentinos considera que Adorni debería dar un paso al costado y presentar su renuncia de forma inmediata.

La erosión de su capital político no es un fenómeno aislado, sino el corolario de una tendencia negativa que se aceleró tras las polémicas que envuelven su nivel de vida.

El relevamiento, realizado sobre 1.200 casos en todo el país con un margen de error del 3,1%, traza una curva descendente pronunciada: del 50,3% de negativa en enero de 2024, el rechazo escaló sostenidamente hasta el actual escenario de aislamiento social.

Hoy, apenas un 21,5% de la población mantiene una visión positiva sobre el ministro, lo que evidencia una pérdida de confianza que parece haber perforado el núcleo duro del oficialismo.

El detonante de esta crisis de representación se encuentra en las denuncias por presunto enriquecimiento y manejos discrecionales de fondos públicos. El viaje de su esposa a Estados Unidos con la comitiva oficial, seguido por una escapada familiar a Punta del Este en avión privado, encendió las alarmas de una sociedad sensible a los privilegios de la casta política.

A esto se suma la opacidad en la adquisición de propiedades en el barrio porteño de Caballito y en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz.

Según el sondeo, el 72% de los ciudadanos está plenamente al tanto de estas denuncias, y un abrumador 77,9% exige que el jefe de Gabinete brinde explicaciones urgentes sobre el origen de los fondos para financiar su estilo de vida.

La estrategia de comunicación del Gobierno también quedó bajo la lupa y resultó aplazada por la ciudadanía. Siete de cada diez encuestados interpretan que las respuestas oficiales no fueron más que una maniobra de distracción para evitar el costo político de las investigaciones.

Lejos de aceptar la narrativa de la «transparencia» que intenta instalar el Ejecutivo, la mayoría de los consultados reclama pruebas documentales y comprobantes que respalden la versión de Adorni.

En este clima de creciente tensión, la permanencia del jefe de Gabinete en su cargo se ha transformado en un lastre para la administración central, enfrentando una demanda de rendición de cuentas que la justicia y la opinión pública ya no parecen dispuestas a postergar.