Cristina Kirchner volvió a los tribunales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria en ocho causas de corrupción y se despachó duramente contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a los que acusó de integrar una asociación ilícita que coimea a empresarios, en referencia al caso de Marcelo D’Alessio.

La defensa de la ex presidenta tuvo dos partes. Primero a través de las redes sociales y luego mediante un escrito que presentó en el juzgado de Bonadio para defenderse en las ocho causas en las que está imputada, la mayoría por desprendimiento de «los cuadernos». Como es habitual, se negó a responder preguntas.

En la primera defensa, Cristina se quejó de que el juez la citó el día del cumpleaños de Néstor Kirchner y reiteró otras medidas que tomó Bonadio en fechas especiales para su familia.

Y también mandó un mensaje a la Casa Rosada al asegurar que es víctima de «una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido».

La senadora recordó que Stornelli y «uno de sus socios» D’Alessio fueron «fotografiados, filmados, grabados y whatsapeados extorsionando y coimeando empresarios».

«La única y verdadera asociación ilícita son ellos… que no sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados», lanzó contra el fiscal y el juez de la causa de los cuadernos.

Tras descargarse por las redes, Cristina se dirigió hacia los tribunales, donde ingresó antes de las 9 de la mañana en medio de un importante operativo de seguridad y presentó un único escrito donde menciona las ocho causas en las que se le imputan delitos y reitera que es víctima de «una persecución».

Descartó además que será procesada en todas las causas.

En el escrito denunció que «se han armado un montón de causas» en su contra para generar «noticias de un alto impacto mediático» y afirmó que Stornelli y Bonadio cometieron «verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas» en su contra.

«No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública», enfatizó.

Para la ex mandataria «han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal» con el objetivo, según dijo, de «tratar de inventar pruebas».

«Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por (Marcelo) D Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado», señaló en referencia a la causa del gas licuado.

Para Cristina esa «sólo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no sólo el funcionamiento de la justicia, sino también la vigencia del sistema democrático».

«Finalmente, y a la luz de los hechos que son de público y notorio conocimiento, estaríamos ante verdaderas organizaciones delictivas que utilizan el poder de un sistema judicial con rémoras monárquicas que articulándose con lo mediático han convertido en un verdadero lodazal la actividad judicial. Todo ello, más temprano que tarde, deberá ser seriamente investigado por jueces y fiscales independientes, que cumplan con los deberes que les han sido confiados», señaló.

La senadora había sido citada por ocho causas de corrupción.

Siete de los ocho expedientes se vinculan directamente con la «causa de los cuadernos», y el restante responde a supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado.

Uno de los expedientes investiga la presunta utilización de aviones presidenciales durante los años del kirchnerismo para transportar muebles y diarios entre Buenos Aires y Santa Cruz.

Además, es acusada por la concesión de obras viales; los subsidios a ferrocarriles y colectivos; corredores viales; y por los documentos históricos decomisados en los allanamientos en sus propiedades de Río Gallegos y El Calafate.