Fue por amplia mayoría, tan amplio como el acuerdo que lograron diputados y senadores, y más de 40 organizaciones sociales para apuntalar cooperativas de la economía popular.
Por ello la Cámara de Diputados aprobó este viernes pasadas las 21 horas el proyecto que prorroga la Emergencia Social hasta diciembre de 2019.
La iniciativa que faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos hasta el fin del mandato del presidente Mauricio Macri fue sancionada con 227 votos a favor, sólo uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda.
La norma también prevé la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», como así también el «Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)» y la destinación de partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones.
El diputado y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, apuntó que «nacimos como piqueteros porque no había posibilidad de hacer huelga» y resaltó que «esta ley viene a plantear» el reclamo de los sectores sociales sobre «la necesidad de darle poder a los pobres».
A la hora del debate, la jefa del bloque por el Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que «el proyecto es el mea culpa más vergonzoso de la política porque estamos reconociendo que hay millones de compatriotas que están en la economía informal y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas que se la rebuscan para sacar su familia adelante».
Por su parte, la radical Carla Carrizo señaló que con esta norma «no estamos creando una nueva herramienta» sino que «seguimos administrando la capacidad de supervivencia de la pobreza estructural».
En el inicio del debate, el macrista Luciano Laspina sostuvo que la normativa «viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles» al tiempo que remarcó que no se trata de «una ley de emergencia en contra de nuestro gobierno».
«Nos encontramos hoy con una pobreza que según el nuevo INDEC ronda el 32 por ciento de los argentinos», dijo e insistió en que «hemos heredado una crisis social dramática» de la que, resaltó, «nos hacemos cargo como gobierno».
El massista y representante de la actual conducción de la CGT Héctor Daer le advirtió al oficialismo que «no es el camino a la pobreza cero el que encaramos», y llamó a poner fin al «asistencialismo de los planes sociales».
En tanto, su compañero de bancada Facundo Moyano transmitió que esta ley debe ser «un pasaje a la formalidad laboral y el trabajo registrado».
Votos no positivos
Néstor Pitrola, representante del Frente de Izquierda, manifestó su rechazo al acuerdo político con movimientos sociales que avalan la prórroga de la Emergencia Social con el argumento de que la ley nace «bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001» y aseveró que el pacto convalida «una red de precarización laboral».
Y el polémico Alfredo Olmedo criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales «hacen cola para cobrar por no hacer nada» al tiempo que pidió a sus pares que «paren la mano, prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia».
Diferente fue la opinión de la socialista Alicia Ciciliani, quien sostuvo que este es «un reconocimiento de ese porcentaje de la población, que son excluidos, que quieren un trabajo digno, y dejamos estigmatizar» y transmitió que «tímidamente empezamos a cambiar el enfoque y empezamos a hablar de salario social».
Pablo Kosiner (bloque Justicialista), reflexionó que «el salir de la emergencia social depende del impacto de las políticas de gobierno» y consideró que en la actualidad «estamos hablando de emergencia social porque han cerrado más de 2500 empresas, porque ha habido 140 mil despidos».
