El hecho comenzo a investigarse en en julio pasado del año pasado: la Aduana detectó en Zárate un megaenvío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos.
El juez Federal de Campana Adrián González Charvay procesó a la cúpula argentina del culto.
El 22 de julio del año pasado, el pastor Jorge de Sousa Matías le dijo a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: «No para que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días que están abriendo cada caja. Sigan orando».
Quizás, de cara a la situación, el hombre necesitaba más que plegarias para salvarse. Cuatro días después de ese llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su investidura y fe: «Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?». «Buena idea», respondió el hombre: «Estamos viendo lo del político influyente».
De Sousa Matías, al momento de esa comunicación, era el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, el ala educativa en Entre Ríos de uno de los mayores cultos cristianos de la Argentina, precisamente, la Iglesia Adventista, o la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, tal como está registrada ante la AFIP, con 1055 templos inscriptos en su unión en todo el país.
Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con tanta preocupación como soltura era que su teléfono estaba siendo intervenido por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa instruida junto al secretario Matías Latino. Poco después, el vicerrector y pastor terminaría allanado y detenido.
No estaba solo en el expediente: la cúpula nacional del culto cayó junto a él.
Fueron investigados Carlos Ursus Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, la cabeza nacional del culto, Carlos Daniel Gimenez Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación en su contra: contrabando.
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El caso estalló en julio último en la terminal Zárate de la Aduana. Dos contenedores provenientes de Estados Unidos con mercadería marcada como «donación» eran el problema. El remitente era, precisamente, la asociación ADRA y estaban destinadas a la Universidad Adventista en Entre Ríos.
En las cajas «se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos», detalla un documento en la causa.
Se detectaron conectores y catéteres en las listas, kits femorales inutilizables, viejas máquinas averiadas o desarmadas, monitores hospitalarios con la leyenda «out of service», así como insulina y heparina vencidas.
Esto constituye una clara violación a las regulaciones del ANMAT, pero entre jeringas, en cajas mal embaladas, se encontró un mal quizás mayor: 14,8 millones de pesos en artículos electrónicos.
Todo esto, declarado bajo información falsa o directamente sin declarar, incluso con una carta de alta de donación de la AFIP lograda días antes, lo que garantizaría evitar pagar cualquier impuesto.
Nilda Beatriz Saira, la despachante de Aduana a cargo del envío, fue quien consiguió dicho código de alta y fue también investigada e imputada por González Charvay.
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La lista de electrónicos resultó sorprendente. Todo fue de alta gama. Seis televisores Samsung Smart, trece computadoras HP, cinco televisores Sony Bravia 74.5, cámaras de video HD, iPads, iPhones, computadoras iMac, un grupo electrógeno, potencias para auto, una impresora 3D, una consola de sonido profesional Yamaha QLS valuada en 30 mil dólares y hasta un tractor cortacésped fueron parte de la lista.
Ayer por la tarde, González Charvay procesó a los jefes de la Iglesia y a la despachante de Aduana, en un documento al que accedió el portal porteño Infobae.
El juez los imputó por defraudar «mediante ardid y engaño el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero» con «la presentación de documentos ideológicamente falsos y declaraciones engañosas«. La maniobra cometida fue descripta en detalle. Los trucos, por lo visto, son muchos.
En su indagatoria, el pastor De Sousa Matías respondió sobre los artículos médicos vencidos con una excusa curiosa: dijo que era para «un centro de simulación médica» con fines educativos, «el único en el país», para ser usado con fines educativos, no en seres humanos sino «en muñecos».
El pastor Gill Krug, por su parte, aseguró no saber nada en su propia indagatoria y cargó todo el peso en el vicerrector de la Universidad. La despachante Saira aparece con consejos para el ardid.
«En lugar de pantallas que diga equipamento para aulas», le escribe a De Sousa Matías en un mail. El hombre cuenta luego en un correo electrónico a una tercera persona cómo Saira se ofreció a «ir a Cancillería» para agilizar trámites con el Consulado argentino en Washington D.C.
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De Sousa, por su parte, fue señalado como el responsable de recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. La división Delitos Federales de la Policía Federal fue la encargada de investigar la documentación secuestrada, una pesquisa que llegó hasta la sede porteña del culto adventista en la calle Uriarte.
Delitos Federales detectó que toda esta maniobra de envíos disfrazados se vendría realizando al menos desde 2013. También, la división determinó que existe un amigo americano: un tal «John Grinswell», con base en Texas, que se habría encargado de canalizar a través de ADRA compras en sitios como Amazon y Best Buy con pagos vía Paypal, el servicio online de depósitos con tarjeta de crédito, algo fácilmente rastreable.
Esto es un giro inaudito para una organización a simple vista higiénica en sus manejos que hizo de la vida recta y sin vicios el centro histórico de su discurso.
La Iglesia Adventista no solo controla la Universidad en Entre Ríos: también cuenta con clínicas y sanatorios en zonas como Belgrano, además de sus «centros de vida sana» para tratar adicciones, tabaquismo y obesidad. Controla la cerealera Granix, reconocida por sus galletitas entre otros productos.
Con 25 domicilios fiscales en todo el país registrados por la Asociación y sin contar múltiples subsidiarias y satélites, la Iglesia creció exponencialmente en la última década.
En 2006, por ejemplo, cerró su balance de acuerdo a registros comerciales con un activo de 203 millones de pesos. Dos años después, esa misma categoría ascendió a 275 millones.
Hoy, el poderío es mucho mayor: los últimos datos del Banco Central reflejan una deuda reciente de la Asociación entre cinco bancos de 210 millones de pesos en total.
Fuente: (Infobae)
