Emiliano Blanco, el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, presentó este miércoles su renuncia a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Fuentes oficiales confirmaron a Clarín, que la tensa relación con el segundo el ministerio, Juan Martín Mena, aceleraron la decisión de correrse del cargo al que había llegado en 2014.

Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, Blanco presentó su renuncia, que «no fue aceptada ni rechazada, y con el correr de los meses tampoco reconfirmaron su cargo», explicaron fuentes oficiales a este diario.

El detonante del último conflicto fue la posibilidad de ascender y ser nombrado como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, cargo aún vacante. Con el visto bueno de la ministra Marcela Losardo, Blanco se encontró con la resistencia de Juan Martín Mena, hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner y operador de la vicepresidenta en el Poder Judicial.

«Sin la posibilidad de mejorar su situación ni quedar confirmado siquiera en el cargo que tenía, decidió dar un paso al costado», señalaron las fuentes oficiales.

Durante los últimos meses, la situación tuvo su punto álgido con el reclamo en el Penal de Devoto, donde un grupo de internos exigían que los jueces avancen en el otorgamiento del arrestos domiciliarios después de que la Cámara Federal de Casación Penal recomendara dicho régimen para los 1.280 presos de riesgo que integran el SPF.

Ese listado fue confeccionado por el propio Servicio Penitenciario, ​contemplando la edad de los internos y las enfermedades preexistentes que podrían ser un factor de riesgo en el marco de la pandemia por el Covid19. De ese total, cerca de 390 presos fueron beneficiados con la morigeración de su detención.

La situación, como un efecto dominó, fue una escalada de reclamos en Devoto, el penitenciario más complejo del sistema federal, que tuvo su punto de ebullición el viernes 24 de abril, con un violento motín.

Para encausar esa protesta se Inició una serie de reuniones con los representantes de los internos, quienes reclamaron la presencia de Juan Martín Mena para llegar a un punto de acuerdo.

Para entonces, las imágenes ya habían mostrados a los presos sobre los techos del penal, incidentes puertas adentro y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La participación del secretario de Justicia recibió críticas, pero finalmente tuvo que integrar la mesa de diálogo que venía encabezando Emiliano Blanco. Mena fue a la primera reunión, pero luego habría dejado solo a su subalterno en las siguientes.

Cuando la situación de Devoto logró apaciguarse, y por su «buena relación con la ministra Losardo», destacan desde el área, el Director del Servicio Penitenciario esperaba que se ordene su situación administrativa.

Ya había surgido la posibilidad de asumir como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, un cargo por encima del que ocupa. Eso le otorgaba más margen de acción sobre el área, lo que incluía además las partidas presupuestarias.

Pero la decisión quedó trabada, explicaron fuentes oficiales, por el secretario de Justicia, quien se opuso a ese nombramiento. Fue el último enfrentamiento de Mena con Blanco, y el que lo decidió a presentar su renuncia.

Mena -virtual viceministro- tiene a su cargo el programa de Testigos e Imputados protegidos, y es uno de los referentes de la Reforma Judicial que impulsa el Gobierno, la cual apunta directamente a Comodoro Py, donde se investigan los casos de corrupción.

El ex integrante de la AFI, además, está como coimputado con Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, señalado como uno de los artífices del controvertido texto. 

Del área que hasta ahora dirigia Blanco -hasta tanto le sea aceptada su renuncia-, dependen 32 unidades penitenciarias y más de 13.000 internos en todo el país. 

El funcionario había asumido en el cargo durante el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner y continuó ejerciendo en el mismo lugar durante la gestión de Mauricio Macri, con una marcada pertenencia política al espacio de Cambiemos.

Sin embargo, destacan desde su entorno, que su tarea «responde más a un cargo técnico, responsable durante seis años de las cárceles federales», donde «se implementaron diferentes políticas para el mejoramiento».