La pandemia de coronavirus agravó una crisis que el sistema penitenciario (en este caso el federal) arrastra desde hace años. El motín en la cárcel de Villa Devoto es consecuencia de múltiples factores.

El primero, político.

El titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, fue nombrado en el cargo por la gestión de Mauricio Macri.

La ministra de Justicia de Alberto Fernández, Marcela Losardo, iba a promoverlo a subsecretario de política penitenciaria, pero el decreto fue frenado a raíz de un tuit de Luciana Salazar, que expuso la relación de Blanco con el macrismo.

Lo que no trascendió demasiado en ese momento fue el vínculo “habitacional” de Losardo y Blanco: son vecinos en un mismo country.

Blanco, además, tiene pendiente una cuenta en la justicia, a raíz de una causa en la que obtuvo un sobreseimiento parcial, pero que quedó recurrido, por la compra directa a una empresa presuntamente vinculada a familiares suyos.

El 5 de abril de 2019 el entonces ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, firmó la emergencia carcelaria, producto del hacinamiento, la precaria infraestructura y las pésimas condiciones en las que vivían los presos.

Esa resolución le permite aún hoy a Blanco, que sigue en su cargo, disponer de compras directas, sin licitación, apoyándose en la necesidad de resolver un problema que es estructural.

La población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal aumentó exponencialmente entre 2015 y 2019, pasando de 10.274 en 2015 a 13.750.

La procuración penitenciaria, ese mismo año en que se declaró la emergencia, le advirtió a Garavano que una de las formas de parar también el problema en las cárceles era cambiar de política punitiva. 

Es que en ese momento y ahora, un año después, los números dicen lo mismo: alrededor del 60 por ciento de los presos están encerrados con prisión preventiva, es decir, sin condena firme y por lo tanto son potencialmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

Y aún así, las cárceles federales son un lujo al lado de las bonaerenses. Esta semana, la pandemia de coronavirus agravó la crisis.

En parte, porque también falló la justicia: pese a varias resoluciones de la Cámara de Casación, basadas en el estudio de cuál es la población de riesgo dentro de las cárceles, los jueces de primera instancia no siguieron los parámetros de otorgar domiciliarias a presos por delitos no graves, y sin condena firme, con patologías preexistentes, que pueden derivar en la muerte. 

Se sabe que el covid-19 es mortal en casos en los que el paciente tiene patologías previas como diabetes, problemas respiratorios o enfermedades que deterioran el sistema inmunológico como el HIV.

La situación se complicó aún más y calentó los ánimos en las cárceles de la provincia (se vio en el motín de Florencio Varela) con varios errores del propio gobierno, como las presentaciones del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, como “amicus curiae” -amigos del tribunal- para garantizar la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y del hijo del empresario Lázaro Báez, Martín Báez.

Ninguno de los dos recursos fue convalidado por la justicia.  En paralelo, los presos de Devoto colgaron un trapo con una leyenda que expuso parte de este problema: “Los genocidas están sueltos y nosotros acá adentro”.

Hace una semana, la misma Casación, con fallo dividido, permitió la domiciliaria al represor Lucio Nast, ex miembro de la inteligencia de la Policía de Rosario, y con dos condenas a perpetua por secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura. Tanto la Organización Mundial de la Salud como  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aconsejaron tomar todas las medidas, incluyendo arrestos domiciliarios, para evitar la propagación del virus en las cárceles.

Es porque su nivel de contagio es tan alto y la imposibilidad de la distancia social en una cárcel, tan difícil.

“Es crucial minimizar la aparición de la enfermedad en estos entornos. Tratar los brotes de infección en los entornos de detención, con personas que se quedan cerca, nunca ha sido fácil. Con el nuevo coronavirus, la tarea es desafiante porque, en muchos casos, la enfermedad puede manifestarse como una enfermedad respiratoria leve y comenzar gradualmente”, dice la guía de la OMS.

Del total de 1300 presos que el mismo Servicio Penitenciario declaró en riesgo por el coronavirus y pese a las directivas de la Cámara de Casación, sólo un 15 por ciento obtuvo morigeración en las condiciones de detención.

Los motines en Devoto y en el penal de Florencio Varela son sólo la punta del iceberg: el problema es mucho más profundo.