El Gobierno nacional empezó a diseñar el ajuste de las transferencias a las provincias mientras intenta compartir el costo político con los gobernadores para no dinamitar la imagen de Mauricio Macri, que cayó al nivel de adhesión más bajo desde que es presidente.
Sin embargo, las provincias reciben transferencias presupuestarias que no son automáticas por ley y que están sujetas a convenios, es decir, a la muñeca política del Ejecutivo.
En ellas está enfocado el ajuste que se viene. En especial, las carteras que tienen partidas para repartir de manera discrecional en las provincias son Interior, Salud, Desarrollo Social y Trabajo.
En Interior aseguran que las obras no se tocarán, aunque aún es una incógnita qué pasará con las partidas que el ala política del ministerio, de contacto diario con provincias y municipios.
En Salud el foco está puesto en el reparto de remedios. En tanto que en Desarrollo y Trabajo, en los subsidios. En la cartera de Jorge Triaca analizan traspasar el Plan Interzafra a las provincias.
En el Ejecutivo aseguran que en lo que va del año ya se hicieron transferencias corrientes por 36 mil millones de pesos a las provincias -misma cantidad que a la misma fecha de 2017-, además de los 300 mil millones de pesos en transferencias automáticas.
«Las provincias con estas números no pueden quejarse», aseguran en el Gobierno.
Pero lo que preocupa a los gobernadores es lo que queda de mandato de Cambiemos y por eso el propio Macri debió salir a calmar sus inquietudes.
Este viernes recibió en Olivos al rionegrino Alberto Wretilneck y a la catamarqueña Lucía Corpacci.
A los dos les debió prometer que no frenará las obras, pese al anuncio de Dujovne de hace un par de semanas.
Los gobernadores reclamaron por el avance del presupuesto devengado en algunas obras que no se condice con el envío de fondos, por la diferencia de tiempos con Hacienda.
Macri los debió tranquilizar y les pidió que lo ayudaran con el «Acuerdo Nacional para el Desarrollo», que quiere firmar con todas las provincias luego del acuerdo con el FMI. En el Gobierno estiman que para eso falta un mes.
En el Ejecutivo no creen que logren bilaterales con los 24 gobernadores, en particular con Alberto Rodríguez Saá y Miguel Lifschitz, que fueron los que cuestionaron con mayor dureza el acuerdo con el Fondo.
En la Rosada destacan, sin embargo, el silencio de otros opositores difíciles como Carlos Verna, Alicia Kirchner y Sergio Casas.
Por ahora no adelantan la realización de una «megacumbre» con todos los mandatarios, aunque no la descartan.
