En el inicio del año electoral, y en consonancia con la pelea de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Justicia, el Gobierno prepara el llamado formal a sesiones extraordinarias en el Congreso, para avanzar lo antes posible contra los jueces de la Corte Suprema, aunque la resistencia de la oposición y la falta de respaldo de algunos jefes provinciales clave propios podrían dificultarle los planes de llevar la iniciativa al recinto.

A pesar de que, contra sus predicciones, sólo logró el apoyo de 11 mandatarios provinciales a la solicitud de jucio político contra la Corte Suprema, que debe tratarse en el Congreso, el Presidente está decidido a disponer los resortes institucionales para activar la embestida. Fuentes oficiales adelantaron que el decreto con el llamado a extraordinarias saldría publicado esta misma semana, aunque aún no se fijó una fecha y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se encuentra ausente por unos días.

Por ahora, en la Casa Rosada sólo aseguraron que hoy mismo ingresarán por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el extenso documento con los argumentos para solicitar el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño en sus funciones”, que dejaron trascender ayer por la tarde.

Sin embargo, en el Gobierno no todo es optimismo. Desde que definieron avanzar con el juicio político, cuentan los votos finos del oficialismo para avanzar en comisión -necesitan una mayoría simple, de 16 sobre los 31 miembros-, y luego, en el recinto, donde el panorama se presenta más complejo -porque depende de una mayoría de 2/3 partes de los miembros de presentes-.

Según el artículo 53 de la Costitución, “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

Se trata de un horizonte difícil para las intenciones del Gobierno. Juntos por el Cambio, muy crítico, no aportará ninguna voluntad; los aliados circunstanciales del Frente de Todos se despegaron; y cuatro gobernadores del peronismo también decidieron tomar distancia, a pesar de que escucharon los argumentos del Gobierno e incluso evaluaron acompañar. Entre ellos se encuentra Gustavo Bordet (Entre Ríos), que ayer participó de la reunión, calificada como “áspera” por testigos, entre los jefes provinciales y el Presidente junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en la Casa Rosada, para debatir el tema.

El Gobierno incluyó su nombre en el documento oficial que enviará al Congreso, pero por la tarde, Bordet, a través de sus voceros, salió a desmentir su acompañamiento y atribuyó a un “error” que se hubiera sumado su firma. En la Casa Rosada, sin embargo, seguían sosteniendo que el gobernador sí había dado su apoyo, de palabra, al jefe de Estado.

Quienes sí firmaron fueron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Durante el encuentro, los caciques más activos fueron Kicillof, el principal perjudicado por el fallo de la Corte; y Capitanich, uno de los alfiles de Cristina Kirchner en el interior; y Zamora, quien recibió la semana pasada a Alberto Fernández y después brindó un efusivo discurso contra la Corte y en “defensa del federalismo”. Por la tarde, Quintela, uno de los gobernadores más cercanos al primer mandatario, adelantó, en diálogo con la señal C5N, que el santiagueño propuso presentar una denuncia penal, y aseguró que planea acompañarla.

“Tenemos todas las expectativas positivas para iniciar el juicio político. No sólo por la intromisión en los poderes del Estado y atacar el federalismo, sino también con respecto a la vinculación de Robles y D’Alessandro”, dijo, en referencia a las conversaciones entre el vocero de Rosatti y el ministro de Larreta. “Si fuera cierto lo que está planteando D’Alesandro no habría problema en entregar su teléfono”, agregó.

Cada voto en el Congreso cuenta, y la posición de Bordet resulta central para el Gobierno: la titular de la Comisión de Juicio Político, encargada de tratar el pedido contra la Corte, es la diputada entrerriana Ana Carolina Gaillard, que en principio, a pesar de la negativa del gobernador, estaría dispuesta a respaldar la medida.

El pedido de juicio político a la Corte fue anunciado el primer día del año, por la mañana. El Gobierno busca poner sobre las cuerdas al máximo tribunal a partir del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, que la Casa Rosada considera tiene un trasfondo “político” y argumenta, además, que es “incumplible”.

Uno de los argumentos principales que presenta son los supuestos chats entre el vocero del presidente de la Corte, Rosatti, y el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, uno de los funcionarios de mayor confianza del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se vio favorecido por la sentencia por los fondos de la policía.

Después de varios días de deliberaciones en el Pro, D’Alessandro, que estaba decidido a mantenerse en el cargo, terminó tomando licencia ayer. Tenía el apoyo de su jefe político, Larreta, pero otros funcionarios del espacio le habían soltado la mano y se volcaban por que diera un paso al costado. La decisión del funcionario de partido, anunciada en una conferencia de prensa poco después de que terminara la reunión de los gobernadores con el Presidente, fue festejada en la Casa de Gobierno, donde la tomaron como un punto a favor de sus argumentos sobre la veracidad que, consideran, revisten las conversaciones.

La oposición, sin embargo, descalifica las capturas de los chats, enviados por la red social Telegram, al alegar que fueron, al menos, modificados -D’Alessandro dice que fueron “fraguados”- y que provienen de un proceso de espionaje ilegal, por el que apuntan contra el Gobierno. En el FDT, en cambio, se desligan de las acusaciones, y aseguran que las escuchas y las filtraciones provienen de las filas del propio Juntos por el Cambio, envuelto en una interna entre Larreta y Patricia Bullrich, ambos aspirantes a la Presidencia.

Por lo pronto, más allá de si consigue que el pedido llegue al recinto, el tratamiento en comisión podría generar un escenario político caliente, que ya está montado. Los diputados oficialistas podrían llamar a declarar a los miembros de la Corte Suprema, que se verían obligados a desfilar por los pasillos del Congreso en la antesala de la campaña electoral, donde la prioridad del Presidente es dejar en evidencia, en consonancia con la vicepresidenta Cristina Kirchner, es dejar en evidencia la supuesta connivencia política entre un sector de la Justicia y la oposición.