A pesar de que, tras intentar evitarlo, el ministro de Agroindustria finalmente tuvo que devolver la abultada suma, la fiscalía lo imputó por el cobro del famoso bono de la Sociedad Rural que le valió una denuncia por «cohecho activo, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta». El juez Martínez de Giorgi deberá decidir en la causa.

Parece ser que devolver el «bonito» con el ceño fruncido y gruñiendo no sirvió. Es que el fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por el cobro de los 500 mil pesos de la Sociedad Rural, cuestión decidida por ese organismo cuando ya era pública la designación en el Gabinete nacional. 

Según publicó el portal La Política Online, el funcionario del Ministerio Público elevó el dictámen al juez Marcelo Martínez de Giorgi, al que le solicitó la realización de diversas medidas de prueba para investigar si existió o no un delito.

La causa se inició con la denuncia realizada, el 28 de diciembre pasado, por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusó al ministro por «cohecho activo, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta».

«El ministro deberá indicar la fecha en que recibió el dinero y, en caso de haberlo devuelto, la forma de esa restitución. Es de interés citar a los directores de la Sociedad Rural Argentina, que intervinieron en el acta, tanto los que votaron a favor como en contra», decía la denuncia.

Esa restitución que menciona la denuncia se concretó recién la semana pasada cuando Etchevehere anunció que devolvió los 500 mil pesos que cobró de la SRA cuando renunció para asumir en el Gobierno.

«De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles, no sólo en aras del bien de la agroindustria, sino del país y de la sociedad toda», comunicó el ministro para tratar de salir del escándalo.

En ese momento, trascendió que la Oficina Anticorrupción tenía listo un duro dictamen contra el ministro y que le habrían recomendado devolver los fondos antes de que saliera a la luz.

Desde el Gobierno aseguran que, de todos modos, «la OA está obligada a emitir siempre su opinión técnica para informar a la ciudadanía, al funcionario y otros funcionarios en general si esa situación que existió estuvo reñida o no con la ley de ética pública».

Según el mismo medio, en la Casa Rosada ya evalúan el costo de sostener a Etchevehere en el ministerio de Agroindustria y se habla de mantenerlo en el cargo hasta la exposición de La Rural, para que el «ruido» con «el campo» se produzca una vez concluida esa histórica cita.

El «bonito» no es el único problema judicial de Etchevehere, ni el más grave. Es que se le suma el llamado a indagatoria previsto para el 27 de febrero y 5 de marzo próximo, en la causa por lavado de activos y vaciamiento de El Diario de Paraná que le inició su propia hermana Dolores, en la que se investigan las transferencias de un total de 18 inmuebles propiedad de sociedades de la familia.