PRONÓSTICO EXTENDIDO

El precandidato a Diputado Alejandro Bodart y una polémica propuesta: «pedimos anular los $ 32.000 millones en subsidios para la Iglesia Catolica»

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De cara a las elecciones legislativas (el próximo domingo se celebran las PASO), el precandidato a diputado nacional Alejandro Bodart (Izquierda al Frente en la ciudad de Buenos Aires) dialogó con vecinos porteños en la intersección de la Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, y afirmó que uno de sus primeros proyectos de ley si es electo «será anular los $ 32.000 millones en subsidios a la Iglesia catolica».







El dirigente de izquierda remarcó que «con esa plata se podría aumentar sustancialmente el presupuesto educativo para recuperar la escuela pública de calidad o crear 100.000 empleos por un año a 6 horas diarias y $ 25.000 de salario para los jóvenes».

Asimismo, añadió que «es posible resolver las necesidades sociales si hay voluntad política de afectar determinados privilegios».

En tanto, la precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Vilma Ripoll, quien participó junto a Bodart de la marcha por Anahí -la adolescente de 16 años cuyo cadáver fue hallado en el interior de la reserva natural Santa Catalina, de la localidad bonaerense de Llavallol tras permanecer desaparecida durante seis días- manifestó que un nuevo femicidio cada 30 horas les «recuerda con dureza que hacen falta medidas urgentes para lograr Ni Una Menos». 







Finalmente, la dirigente exigió «justicia por Anahí, educación sexual integral para prevenir y un presupuesto de emergencia para asistencia integral, casas-refugio y subsidios a las mujeres víctimas de violencia de género».

Sabemos a que la Argentina  pese a tratarse de un país laico, la Constitución Nacional establece el sostenimiento del culto católico y, gracias a una ley de la última Dictadura, el Estado debe encargarse de costear salarios y jubilaciones de arzobispos y obispos, además de otorgar exenciones impositivas y partidas por miles de millones de pesos al año para subvenciones educativas  a las instituciones católicas (Decreto Ley N° 21.950).