Desde las 11 de este viernes, la Cámara Alta debate los proyectos impulsados por el Ejecutivo. La sesión representa el último gran movimiento político antes del discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa este domingo.
El Senado de la Nación se convierte hoy en el epicentro de la escena política argentina. En el cierre de las sesiones extraordinarias, los legisladores tratarán la ambiciosa Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa laboral busca transformar las relaciones de trabajo en el país, introduciendo cambios profundos en indemnizaciones, jornadas y el derecho a huelga.
La negociación, encabezada por Karina Milei y Patricia Bullrich, logró el respaldo de un bloque de gobernadores aliados que incluye a figuras como Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), asegurando un piso de votos clave para el oficialismo.
Los ejes centrales de la Reforma Laboral
El proyecto llega al recinto con una única modificación respecto al texto original: se eliminó el polémico artículo 44 que permitía reducir salarios durante licencias por enfermedad. Sin embargo, el resto de los puntos mantiene su firmeza:
- Indemnizaciones: Se calcularán únicamente sobre el salario básico promedio (sin aguinaldo ni premios) y podrán pagarse en cuotas (hasta 12 en grandes empresas y 18 en pymes).
- Jornada Laboral: Se habilita un máximo de hasta 12 horas, garantizando un descanso obligatorio posterior de la misma duración.
- Vacaciones: Podrán fraccionarse en periodos de 7 días y no será obligatorio otorgarlas siempre en temporada de verano.
- Horas Extras: Se abre la posibilidad de compensarlas con tiempo libre en lugar de pago adicional.
- Aportes Sindicales: Se mantiene el tope del 2% con el empleador como agente de retención, un punto que fue clave en la negociación con la CGT.
Restricciones al derecho de huelga
Uno de los puntos que mayor resistencia genera en los sectores gremiales es la ampliación de los «servicios esenciales». Bajo la nueva normativa:
- Los servicios considerados esenciales deberán garantizar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza.
- Los «servicios trascendentales» deberán cumplir con un piso del 50%.
- Se tipifican como «infracciones muy graves» las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes decidan no adherir a un paro.
El cierre de un ciclo político
Para el Gobierno, la sanción de esta ley representaría una victoria estratégica antes del discurso presidencial del 1 de marzo. Por el contrario, la oposición y los sindicatos ya advierten que, de aprobarse, el conflicto se trasladará rápidamente al plano judicial y a las calles.
El país observa con atención una sesión que promete marcar el pulso económico y social de todo el 2026.
