El Senado sancionó este viernes la ley que obliga a un aporte por única vez a las personas con patrimonios mayores a 200 millones de pesos, conocido como el impuesto a la riqueza, un proyecto anunciado por Máximo Kirchner en abril, presentado recién en agosto cuando había pasado la negociación con los bonistas y aprobado el 17 de noviembre. 

Según las estimaciones de la AFIP, alcanzaría a 11.855 personas y permitiría recaudar 307 mil millones de pesos, un 1.1% del PBI, que no irá a rentas generales sino a destinos específicos.

Pero la oficina del presupuesto del Congreso hizo su propia proyección actualizada y calculó que llegaría a 420 mil millones de pesos, según informó el oficialista Carlos Caserio, miembro informante de la ley.

Claro que el número definitivo se conocerá cuando se promulgue la norma y se actualicen los patrimonios. 

Para Cambiemos se trata de otra medida que desalienta la inversión y terminará en otra pelea judicial por presunta doble imposición, porque alcanza a un pequeño universo de contribuyentes que también paga bienes personales. 

La sanción llegó con 42 votos positivos, el Frente de Todos y los aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana. Entre los oficialistas retornó Carlos Menem, se conectó y volvió a ayudar a aprobar leyes. 

En Diputados, el proyecto tuvo el voto de dos jujeños de la UCR por orden del gobernador Gerardo Morales, mientras que en el Senado sus coterráneos Mario Fiad y Silvina Giacoppo se desconectaron a la hora de votar. Ese fue su gesto. 

«Si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos. El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie. Es bueno que Argentina tenga ricos, pero también que haya menos pobres», destacó Caserio.

No tardó en responderle el radical Martín Lousteau y el macrista Esteban Bullrich, la dupla más guerrera de Cambiemos. «Esto no es un aporte: es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiado esas cosas si el aporte es solo por un año y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina. Además, no contemplan los pasivos en un año de pandemia. Dos personas que tienen lo mismo y una debe pagan igual», dijo el economista. 

El modelo que exigen de bajar impuestos en argentina para que entren inversiones fracasó. Es obvio que no existe trabajo sin empresas, pero es obvio que no existe empresa sin reglas de juego».  

Bullrich fue al hueso: «Uno de los autores es alguien que escondió el Banco en una cooperativa para no tener que pagar impuestos, y crea este impuesto, y el otro es un evasor fiscal, que le debía 4 millones de pesos a la AFIP y se acaba de sumar a una moratoria», en clara alusión a Carlos Heller y a Máximo Kirchner.

El aporte será por única vez y ni bien llegó la propuesta de Máximo, en marzo, el senador Roberto Basualdo, del PRO, presentó la suya, plasmada en un proyecto de ley que consistía en obligar a las empresas más grandes a invertir en capital de trabajo una porción de su patrimonio, con el objetivo de aumentar la recaudación y fomentar empleo.

«Los que presentamos este proyecto lo hacíamos para generar trabajo, para entrar en un círculo virtuoso, y que el año que viene paguemos más. Pero ni lo trataron. Es mentira que los empresarios no pagan. ¿De donde creen que van a sacar dinero para pagarlo? ¡De su empresa!», se molestó el sanjuanino.

Le ley prevé un aporte por única vez con alícuotas que partirán del 2% para patrimonios de 200 millones y subirán a 2.25% para quienes sumen 300 millones en su declaración jurada (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000 o más.

Esto no es un aporte: es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiado esas cosas si el aporte es solo por un año y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina. 

El gravamen aumentará si los bienes personales para los bienes que están en el exterior hasta llegar a 5.5% para los más acaudalados. Podrán repatriarlos en un plazo de 60 días, aunque sólo serán reconocidos si los activos que traigan son igual o superior al 30% de sus tenencias financieras que permanezcan en el exterior. Además, los fondos deberán permanecer en el país hasta el 31 de diciembre de 2021.

La recaudación tendrá cinco destinos específicos. Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia de la pandemia.

Otro 20% para subsidios a las pymes y el mismo porcentaje irá al programa integral de becas Progresar, gestionado por el Ministerio de Educación con el objetivo de sostener a los chicos en el sistema escolar.

Un 15% será para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). En los cuatro casos, el Gobierno está obligado a coparticipar los fondos con las provincias. 

Otro 25% se girará en programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A., en acuerdo con YPF S.A.,

«No sé qué tiene que ver con la pandemia. Además si uno calcula da como para 62 pozos y está mermando la producción en Argentina. Esto va a generar un problema de litigiosidad en el juicio por la estatización de YPF, porque el Estado esgrime que hay un alter ego y ahora creamos un impuesto para darle plata», vaticinó Lousteau y propuso eliminar los regímenes especiales de jubilación para juntar ese dinero, entre otras medidas.

El economista negó que haya iniciativas similares en el mundo pero fue desmentido por sus colegas oficialistas. «Lo que se está discutiendo en todo el mundo es cómo se transita la pospandemia. Con esta ley se revaloriza el rol del Estado, que es el único capaz de enfrentar una situación como es la pandemia. Y para eso el Estado se muestra como una herramienta imprescindible», sostuvo Jorge Taiana.

María de los Ángeles Sacnun, también del Frente de Todos, sostuvo que la batalla judicial no está ganada de antemano por las empresas. «Entiendo que este proyecto cumple claramente con ambos requisitos constitucionales de equidad y proporcionalidad y también plantea en su artículo 8, que el Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar una aplicación federal de los fondos que se recauden».

«Estoy muy satisfecho y con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características, porque no estamos castigando a nadie: estamos poniéndole un tributo a los privilegiados. Por eso además de justo, necesario, me parece muy ético», agregó Oscar Parrilli.

Luis Naidenoff, el jefe de Cambiemos, definió al proyecto como parte de un relato «para simular el ajuste que están haciendo. Estuvo todo el año cajoneado porque no estaban de acuerdo en el Gobierno y lo sacaron a fin de año», reseñó.

Le respondió Anabel Fernández Sagasti, a cargo del cierre que habitualmente tiene a cargo su jefe José Mayans. «La realidad es que no pueden decirnos por qué defienden con tanta vehemencia el bolsillo de multimillonarios. Solo 9300 grandes contribuyentes pagarán este aporte. Personas humanas físicas, no lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas», sostuvo la mendocina.

«De estas, 2800 tienen patrimonio de entre 200 y 300 millones de pesos, pagarán en promedio 6 millones de pesos. Más aún, solo 253 contribuyentes poseen patrimonios de más de 3.000 millones de pesos. El 0,00056% de la población va a aportar el 50% de lo que se va a recaudar con este aporte extraordinario. Hay que decir que la mayoría de esa fortuna se encuentra en depósitos, títulos y acciones que están sobre todo en el exterior».

«Hay 6 países de Europa y 5 de América Latina que están estudiando este aporte. Pero la diferencia es que en Argentina lo hizo el oficialismo porque está en nuestra doctrina», sostuvo Fernández Sagasti y expuso gráficos que Máximo Kirchner se quedó con ganas de mostrar en Diputados, cuando no pudo cerrar el debate por haber estado junto al diputado Pablo González y enterarse que se había contagiado de Covid 19.

Consistían en la baja de la inversión bruta durante el Gobierno de Macri en paralelo a una reducción del tributo a los bienes personales.

«El modelo que exigen de bajar impuestos en argentina para que entren inversiones fracasó. Es obvio que no existe trabajo sin empresas, pero es obvio que no existe empresa sin reglas de juego».