La dirigente social permanecerá detenida en su domicilio del barrio Cuyaya. Los jueces rechazaron el pedido de inconstitucionalidad que presentaron sus abogados

El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazó un pedido de Milagro Sala -quien a través de su defensa solicitó que se declarara inconstitucional el juicio en el que fue condenada- y ratificó su condena a 13 años de prisión.

Ayer se cumplieron cuatro años desde que la dirigente social fue detenida por la causa “Pibes Villeros”. En la misma se investigó el desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas. Sala fue condenada por ser considerada la jefa de una asociación ilícita y coautora de los delitos de extorsión y defraudación al Estado.

La líder de la organización social Tupac Amaru continuará detenida en su casa del barrio Cuyaya y aún le queda una instancia más para apelar su condena: sus abogados podrán presentar un último pedido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sala, previo a lograr cumplir la sentencia en su casa, pasó varios meses detenida en el penal jujeño de Alto Comedero.

Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron. Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales “fueron utilizados con otros fines”.

Además de esta causa, la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un “escrache” al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.

En un nuevo aniversario de su detención, el Comité por la Libertad de Milagro Sala, Tupac Amaru y Amnistía Internacional solicitaron el cese de la detención de la dirigente social jujeña por considerar que esa medida es “arbitraria”. “Pedimos la libertad de todos los presos políticos de Jujuy pero, en general, de todo el país”, indicó a la agencia Télam Iván Wrobel, integrante del comité y secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma.

Desde la prisión domiciliaria, Sala dialogó con el diario Página 12 y allí aseguró: “Lo volvería a hacer porque estoy convencida de que hay que cubrir la necesidad del otro. La gente está esperando que los dirigentes le resuelvan los problemas. Como dice Cristina (Kirchner), no me arrepiento de haber trabajado tanto”.

Los abogados de Sala –Paola Álvarez Carreras, Matías Duarte, Ariel Ruarte, Luis Paz, Ezequiel Uriarte y Marcos Aldazabal– la acompañaron durante la audiencia. Álvarez Carreras señaló hubo cinco juicios en sede penal y uno en el ámbito contravencional, y que la defensa logró que algunas de esas causas “fueran declaradas nulas y, en otras, logramos que fuera absuelta”.

“Pero todas tuvieron la misma finalidad: apartarla del ámbito social y político, teniendo como estandarte la sistemática violación a los derechos y garantías más elementales en juicio para condenarla”, agregó Álvarez Carreras.

Amnistía Internacional reseñó que Sala “fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta: un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy”. La organización indicó que “la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaron a Argentina adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala”, en una “decisión que fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2018”.