Claudio Navas Rial, fiscal en lo Penal Económico, sumó este lunes 26 de julio a un nuevo imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata del comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba.
Caliba fue imputado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019.
El fiscal Navas Rial presentó la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.
La última documentación aportada al expediente por los denunciantes, señaló el fiscal, permite «robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada» al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, publicó Télam de fuentes judiciales.
Por estos elementos el fiscal acusó a Caliba «en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado».
En ese rol, Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo. Dirigió a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.
El 17 de noviembre de 2019, el comandante le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.
En esa nota, que también está en el expediente, le contó sobre una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: «El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición».
Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el «uniformado» al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado, pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.
En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional.
