La Justicia descubrió que el jefe de Gabinete mintió sobre el financiamiento de sus viajes a Punta del Este, mientras crecen las denuncias por enriquecimiento ilícito y dádivas.

En el entorno de Karina Milei temen que el patrimonio oculto del funcionario siga exponiendo al Presidente.

BUENOS AIRES. El clima de hermetismo y tensión se apoderó de los pasillos de la Casa Rosada tras las últimas revelaciones judiciales que complican la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos por su oneroso estilo de vida se transformó en una investigación formal que ya detectó inconsistencias graves: vuelos privados pagados por terceros y una propiedad en un exclusivo country que no figuraría en sus declaraciones oficiales.

La situación del funcionario, que percibe un salario de 3,5 millones de pesos, quedó bajo la lupa luego de que la Justicia determinara que sus recientes viajes a Uruguay no fueron costeados con fondos propios, como él mismo había asegurado inicialmente.

La investigación, encabezada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló que el traslado a Punta del Este fue abonado por la productora Imhouse SA, perteneciente al periodista Marcelo Grandio.

Este hallazgo desarticula la versión oficial y abre la puerta a una imputación por el delito de dádivas, sumándose a las denuncias por enriquecimiento ilícito presentadas por la diputada Marcela Pagano.

La preocupación en el ala política que lidera Karina Milei es total. Fuentes oficiales admiten el temor de que «aparezca más mugre» que termine por salpicar directamente la imagen de austeridad que intenta proyectar Javier Milei.

A los 15 mil dólares gastados en vuelos privados en apenas un mes, se le sumó la detección de una vivienda en el Country Indio Cuá, con valores de mercado que oscilan entre los 150 mil y 250 mil dólares, una cifra difícil de justificar con sus ingresos declarados.

A pesar de la gravedad de las pruebas, Adorni optó por el sarcasmo en sus redes sociales, publicando una foto junto al Presidente en la que ironizaba sobre su propio reemplazo.

Sin embargo, ese gesto desafiante no cayó bien en el núcleo duro del libertarismo, donde consideran que el funcionario está exponiendo innecesariamente al Jefe de Estado mientras se acumulan pruebas de presuntas irregularidades.

La contradicción entre los dichos de su amigo Grandio —quien llegó a afirmar erróneamente que el Estado había pagado los viajes para intentar desviar la acusación de dádivas— y los registros contables de la productora, terminaron de cercar la defensa del jefe de Gabinete.

El frente judicial de Adorni también incluye sospechas sobre contrataciones trianguladas entre organismos públicos como ARCA, Banco Nación e YPF para favorecer a su entorno familiar.

Con la causa en pleno movimiento y la presión interna en aumento, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener a uno de sus hombres de mayor confianza en medio de un escándalo que contradice el discurso de transparencia y lucha contra la «casta» que llevó a La Libertad Avanza al poder.