Denuncian inacción del Estado frente a tragedias ligadas a medicación adulterada y demoras críticas en tratamientos oncológicos esenciales. Al menos 97 víctimas murieron por fentanilo contaminado; investigan a 24 personas. Otros 60 fallecimientos ocurrieron por falta de entrega de medicamentos oncológicos.

La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) solicitó públicamente la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones.

El reclamo se basa en “157 muertes que podrían haberse evitado”, divididas entre dos episodios críticos: uno relacionado con el consumo de fentanilo contaminado y otro con demoras en la entrega de medicación para pacientes oncológicos. En palabras de Fesprosa, el funcionario “debe asumir su responsabilidad política”.

Emergencia por fentanilo: una crisis sin antecedentes

El caso del fentanilo contaminado dejó 97 personas fallecidas y es considerado por especialistas como “la más grave relacionada con medicamentos en la historia argentina”.

Fesprosa critica que “el Estado no asumió responsabilidades” y que Mario Lugones “no se ha pronunciado públicamente al respecto”.

Desde la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger planteó que la responsabilidad es del organismo ANMAT, al que calificó de “kirchnerista”, y propuso su disolución. Especialistas consideran que esa medida sería “contraproducente”.

Una investigación en curso señala a un empresario con antecedentes penales e infracciones vinculadas al incumplimiento de normas de bioseguridad y fabricación.

Aunque ya hay “24 personas imputadas”, todavía “no se registran detenciones”. Los familiares de las víctimas reclaman que “no han sido escuchados por autoridades nacionales” y exigen reparación.

Fallecimientos por falta de acceso a tratamientos oncológicos

Además de la tragedia con el fentanilo, se registraron al menos 60 muertes de pacientes oncológicos que no accedieron a tiempo a medicamentos de alto costo.

Según Fesprosa, la disolución de la Dirección de Ayudas Directas por Situaciones Especiales (DADSE), ocurrida el 31 de diciembre, agravó la situación. La organización acompañó judicialmente los reclamos de los pacientes desde 2024.

Reclamos por ajustes y abandono en hospitales públicos

Las denuncias también apuntan contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por políticas que incluyen reducción de personal en hospitales nacionales como el Posadas, Sommer y Bonaparte. Según Fesprosa, el hospital pediátrico Garrahan también enfrenta recortes que afectan su funcionamiento.

Frente a este escenario, el comunicado de Fesprosa exige al Congreso “una investigación parlamentaria con amplias facultades para determinar las responsabilidades de Lugones, del exministro Mario Russo y de Pettovello”.

Ya se aprobó un pedido de informes, pero desde los sectores que impulsan el reclamo afirman que es necesario avanzar en la conformación de una comisión investigadora especial.