Los líderes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, se retiraron disconformes de la reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y ratificaron el inminente anuncio de un paro general.

«Nos vamos con las manos vacías, solamente con algunas revisiones en la Comisión de Empleo. La agenda social que planteamos ha sido negada», dijo, Yasky. «Veníamos a una reunión con expectativas para resolver temas acuciantes, como los despidos, pedimos un acta con el compromiso, otro es reapertura de paritarias, y un aumento de emergencia para jubilados», afirmó el sindicalsita docente.

«No están a la altura de la oleada de despidos que generaron y se negaron a reabrir las paritarias, a lo que le dijimos que esto va a generar más conflictos», agregó Yasky.

«Creemos que vamos camino a un paro general en octubre. Hay que forzar la posibilidad de que haya respuestas positivas. También se negaron a desconocer Ganancias del aguinaldo de diciembre y que el tarifazo no sea otro golpe demoledor«, sentenció.

El gremialista dijo que el «resultado» de la reunión fue similar al que tuvo la CGT unificada. «Es igual al nuestro: cero», consideró, y advirtió que «el paro nacional de todas las centrales va a ser histórico y va a marcar la línea histórica de la resistencia social al ajuste del Gobierno».

A su turno, Micheli destacó el recibimiento de las CTA, pero coincidió que el resultado no fue el esperado.«Ante el trato cordial, se puede reconocer la amabilidad de los funcionarios, pero hay que parar los despidos», sostuvo el estatal.

«(Andrés) Ibarra no confirmó ni desmintió el plan de Modernización para revisar 114.000 contratos y le dijo al secretario general de ATE (Hugo Godoy) que siguen con los mismos lineamientos desde marzo pasado, pero siguieron echando gente después, así que todo nos índice que va a haber despidos», alertó y se acopló a la postura de Yasky.

Al igual que en la audiencia con la CGT, este viernes el Gobierno reafirmó su postura de no reabrir paritarias, se negó a modiciar el Impuesto a las Ganancias en lo que queda de 2016 y ratificó su plan de evaluación del personal del Estado.