El Gobierno de Mauricio Macri decidió este año no convocar a paritarias docentes nacionales, delegando esta tarea a las provincias y sugiriendo un techo del 18%. Bajo el eufemismo de descentralización y federalismo incumplen así jurídicamente el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en el año 2005.

Este derecho ha sido logrado por la lucha de miles de docentes y gremios que entendían que en la discusión de la mejora salarial de los trabajadores se definen un conjunto de políticas educativas que inciden en los avances y calidad de nuestro sistema educativo, pero además, esto es producto de la voluntad e intención política de un Gobierno que en los últimos 12 años se preocupó y ocupó de revalorizar la educación pública como herramienta fundamental del progreso de nuestros pueblos.

El porcentaje de aumento que se prevé sería una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes, si se considera la estimación de inflación anual por encima del 25% y los nuevos tarifazos de este año.

Asimismo, la cuestión salarial es sólo una de las expresiones de esta medida. La cuestión de fondo es la profundización de la desvalorización de la educación pública en nuestro país, de la que ya han dado evidencia con despidos, recortes, subejecución presupuestaria y cierre de programas educativos prioritarios que permitían generar instancias de inclusión, aumentar derechos y construir una educación pública de calidad.

Frente a esta situación regresiva en materia educativa, me uno a la solicitud del colectivo docente, instando a lxs  gobernadorxs que «se sumen al reclamo para ponerle freno a los intentos de flexibilización laboral, precarización de las condiciones de trabajo, fragmentación del sistema educativo y, por ende, la profundización de la desigualdad entre las provincias, como ocurriera en los años ´90 del neoliberalismo menemista».