La Corte Suprema ordenó volver a sortear las causas asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9 (TOF 9), que tenía previsto tratar los juicios por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez y la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner como acusada estrella.

El gobierno había intentado constituir el tribunal con magistrados del fuero ordinario -todos cercanos al macrismo- que eran «federalizados» de hecho, sin contar con el acuerdo del Senado y el decreto presidencial correspondiente. La jugada contó con la venia de la Cámara Federal de Casación Penal que permitió el TOF 9 participara de un sorteo de causas sin contar con la habilitación del Máximo Tribunal.

La acordada del Máximo Tribunal es un fuerte golpe al gobierno y a la Cámara de Casación y una ratificación de la Constitución y del rol del Senado, según explicaron a LPO fuentes al tanto de lo ocurrido. El fallo generó tal tensión política que en la Justicia lo equipararon con aquel famoso freno de la Corte al aumento de tarifas hasta que no se realizaran ls audiencias públicas que fija la Constitución, que desencadenó una crisis de magnitud

 «Otra vez falló la interlocución del Gobierno», fue la síntesis lapidaria de quienes conocen los tiempos y modos del máximo tribunal.

En un desaire casi inédito a un ministro de Justicia, Germán Garavano, que estaba en Mar del Plata, se enteró del fallo por los cables de noticias.

El funcionario participó de un evento menor, el Consejo Federal de Justicia (Cofejus), y por estas horas está pagando un altísimo costo interno en el gobierno por no haber anticipado un fallo que golpea fuerte a toda la estrategia de la Casa Rosada de acorralar judicialmente a la ex presidenta.

Garavano se enteró de la decisión de la Corte por los medios: fue un desaire casi inédito para un ministro de Justicia.

El fallo cayó como una bomba: en Casa Rosada aún no saben cómo desenredar la maraña.

Hay posiciones encontradas sobre si es necesario enviar el pliego de los tres magistrados al Senado, o es necesario conformar ternas.

En los próximos días deberán trazar una hoja de ruta.

Dos de los integrantes de la Corte actual, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron convencionales constituyentes en 1994.

Hubiera resultado muy complicado para ellos redactar un fallo que fuera contra lo que establecieron en la Constitución hace 24 años, como requisitos para integrar tribunales federales.

Lo mismo que ocurrió con las audiencias previas al aumento de tarifas. Por eso, sorprende que el Gobierno haya tropezado dos veces con la misma piedra y las críticas internas apuntan a Garavano.

}»No hay un diálogo sensato para los temas importantes», señalaron en la justicia para describir la relación que existe entre la Corte y el Gobierno. Y subrayaron que son demasiados los interlocutores con los supremos: Garavano, Daniel Angelici, José Torello y Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.

El TOF 9

El Tribunal Oral Federal 9 que intentó conformar el macrismo estaba integrado por los magistrados Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra.

Los tres jueces se desempeñaron como magistrados del fuero ordinario y el gobierno de Macri pretendió federalizarlos, con una coincidencia sugestiva: En el sorteo de causas, las más complicadas para Cristina Kirchner se acumularon en ese tribunal.

En el Gobierno, esta noche intentaban cuestionar el fallo recordando que cuando el TOF 6 fue federalizado el juez Guillermo Jorge Yacobucci estaba en la misma situación que los jueces del TOF 9 -sin acuerdo del Senado- y por eso se preguntan por qué llegó un fallo adverso a sus pretensiones.

Desde la Corte explicaban que «si bien ambos tribunales orales en lo criminal federal fueron creados por la misma ley (27.307) la composición de los mismos variaba.

En el caso del TOF 9 TOF todos los miembros indicados por la Resolución del Consejo de la Magistratura carecen de designación específica para ser juez federal».

En el TOF 7 solo Yacobucci estaba en esa posición, por lo que se podía constituir una mayoría a la hora de fallar con dos jueces nombrados como fija la Constitución.

En la Corte hizo mucho ruido un artículo publicado por La Nación en febrero pasado donde los integrantes del TOF adelantaron cómo se preparaban para juzgar a Lázaro Báez sin haber contado con el acuerdo del Máximo Tribunal, que tiene la prerrogativa de «habilitar» los tribunales.

Casación fue el otro herido con la acordada. La Corte exhortó «enfáticamente a la Cámara Federal de Casación Penal a que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte», según puede leerse en el texto.

La acordada completa: