La asociación civil Justicia Legítima, que nuclea a varios jueces y fiscales, hizo una presentación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunció al gobierno de Mauricio Macri por intentos de disciplinamiento y diversas irregularidades que según esta entidad violan “las garantías constitucionales”.

La agrupación, que tiene en sus filas a varios miembros que simpatizan con el kirchnerismo, acusó al macrismo ante el organismo de la OEA de avasallar derechos e intentar sancionar a jueces y fiscales que investigan al poder y que están enrolados en la asociación civil en cuestión.

En una carta entregada este viernes a Paulo Abrão, el secretario ejecutivo de la CIDH (a propósito de la visita de la Comisión), los miembros de Justicia Legítima sostuvieron que ejemplos de esa persecución son las denuncias que el oficialismo impulsó contra el camarista Alejandro Slokar, de la Casación Penal, y contra e juez federal Alejo Ramos Padilla.

A Slokar lo denunció la diputada Elisa Carrió ante el Consejo de la Magistratura. El camarista estaba por intervenir para dictaminar si Alejo Ramos Padilla era competente o no en el D’alessiogate (escuchas ilegales).

Si bien el Consejo desestimó la acusación, esa denuncia fue usada para correr a Slokar del caso.

El otro caso que menciona Justicia Legítima es, precisamente, el de Alejo Ramos Padilla, denunciado por el gobierno ante la Magistratura y acusado por el propio Macri en público de falta de ecuanimidad. “Espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya”, dijo el Presidente en una entrevista por televisión.

“Los hechos expuestos son solo parte de una campaña de disciplinamiento de los operadores judiciales que procura convertir al sistema de justicia en una herramienta que convalide las políticas económicas, sociales y culturales que no se compadecen con los estándares que consagran los tratados de Derechos Humanos”, explicaron los miembros de Justicia Legítima en la carta dirigida a la CIDH.

Para los integrantes de esta asociación, desde 2015 se instaló desde los medios y el gobierno de Macri una campaña de “satanización” de Justicia Legítima.

En la lista de irregularidades, los miembros denunciaron la forma en la que se amplió el Superior Tribunal de Jujuy y su intervención en la posterior causa contra Milagro Sala, el traslado de un juez a la Cámara de Casación Penal nacional, y el impulso de un jury contra camaristas del fuero laboral que ordenaron la reincorporación de cinco trabajadores despedidos.