El presupuesto parece haber abierto un nuevo cortocircuito entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno. Una carta dirigida por todos los magistrados al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por más recursos y una réplica en duros términos a la misiva del ministro de Justicia, Germán Garavano, enhebraron este jueves un capítulo más de la tensa relación que mantienen ambos poderes del Estado.

A través de una carta enviada al jefe de Gabinete Marcos Peña, la Corte Suprema de la Nación -con la firma de los cinco ministros- volvió a reclamarle al Gobierno nacional una «actualización presupuestaria» para recibir más fondos, y advirtió que una dilación podría generar una «inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal».

«En virtud de las respuesta dada a nuestro pedido de modificación en las partidas presupuestarias y teniendo en cuenta que la dilación en su otorgamiento provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal, se requiere de manera urgente las ampliaciones en el presupuesto de la Corte Suprema», señala la acordada.

La réplica a ese y otros planteos llegó rápida por parte del Gobierno. El Ministerio de Justicia difundió un comunicado de prensa que rechaza los planteos y declara su «sorpresa».

En el parte de prensa se destaca que en la mañana del jueves «se realizó una reunión técnica entre la Corte y el Ministerio de Hacienda en la que se analizaron éstas cuestiones sin que surja conflicto alguno, por lo que sorprendió al gobierno la nota recibida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la cuestión presupuestaria».

Además, evitó dar una respuesta al pedido concreto de fondos. «Cualquier situación excepcional, de las que fueron abordadas en la reunión técnica del día de la fecha, se tratará en la próxima reunión interinstitucional de las que se vienen realizando mensualmente entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación», estableció el comunicado.

Sobre la polémica de la carta, la Corte recordó que en abril pasado otorgó un aumento salarial de 10% retroactivo al 1° de ese mes, «remunerativo» y «bonificable», pero que ese incremento alcanzó a los miembros del máximo tribunal, pero también a camarista, jueces, fiscales y empleados de menor rango.

La misiva enviada a Marcos Peña remarca que «en el presente año solo se ha autorizado» ese 10% de aumento.

Y precisó que «el 5% otorgado en el mes de febrero corresponde a 2017, y se le autorizó a todos los sectores estatales cuyas salarios quedaron por debajo de la inflación» del año pasado.

«Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente», cierra la carta, que lleva la firma del titular del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Ante esos planteos, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano, emitió el comunicado mencionado, que encabezó con el siguiente párrafo: «De los registros de ejecución del presupuesto devengado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no surgen situaciones como la planteada en la nota recepcionada en el día de la fecha por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros».