El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi impuso el secreto de sumario en la causa que investiga los incidentes ocurridos tras la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado y ordenó medidas de prueba, entre ellas la declaración de los policías de la ciudad de Buenos Aires que intervinieron en las 31 detenciones el viernes último.
El magistrado resolvió que los policías declaren como testigos pero no los convocará a los tribunales federales de Retiro sino que el trámite se cumplirá en las comisarías donde prestan servicios, explicaron a Télam fuentes judiciales.
Las medidas ordenadas habían sido pedidas por el fiscal del caso, Ramiro González, luego de que esta madrugada fueran liberados 30 de los 31 detenidos, quienes siguen imputados por distintos delitos y cuya situación procesal deberá decidir el juez en los próximos días.
El magistrado ordenó el secreto de sumario y dispuso que declaren los policías que aparecen en las actas de las detenciones.
Además, se recopilarán imágenes tomadas por cámaras de seguridad de los comercios de la zona, por canales de televisión y reporteros gráficos y por «domos» instalados desde la zona de Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional el 1 de septiembre a la noche y en la madrugada del 2.
Tanto en el juzgado como en la fiscalía consideraron que no se aportaron elementos concretos sobre los motivos de las detenciones ni sus «circunstancias».
Por ello, el fiscal pidió de manera «urgente» que los policías declaren para «indicar cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora, y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en las detenciones, señalando si desde que se observó a la persona luego detenida hasta que se la detuvo transcurrió algo de tiempo y si se fue modificando el lugar», según el escrito al que accedió Télam.
También la Policía de la Ciudad deberá hacer un «compilado» de las 24 horas de filmación de los hechos que se entregaron a la Justicia, en unos ocho cds.
El objetivo será verificar «a través de este material la participación de los imputados yo terceras personas en los daños ocasionados a los bienes públicos y/o privados objeto de ataque»·, remarcó el fiscal.
También requirió que se revise con peritos médicos a los por lo menos 15 policías que se reportaron heridos en el marco los incidentes para establecer qué tipo de lesiones sufrieron, su grado de gravedad y la fecha de vuelta a su trabajo.
Los sumarios que recibieron ayer los funcionarios judiciales, incluyen descripciones generales de los hechos, sin aportar precisiones, remarcaron los investigadores.
Los detenidos por los incidentes registrados en la zona de Plaza de Mayo y del Congreso tras la masiva manifestación del viernes en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron liberados esta madrugada pero sobre todos sigue abierta la investigación por supuestas «lesiones leves y graves, daños, intimidación pública y resistencia a la autoridad».
En el marco del expediente, Martínez De Giorgi ordenó además que se tomen las huellas dactilares de la única persona que sigue detenida en la causa, un ciudadano que se cree es colombiano y cuyo documento de identidad era falso.
Esta persona primero declaró ser venezolana, algo que se comprobó era falso, luego se desdijo y dijo provenir de Colombia.
Esta mañana, en declaraciones formuladas a radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la Ciudad «se presentará como querellante» en la causa por los destrozos cometidos por vándalos en inmediaciones de la Plaza de Mayo.
Así lo hizo al dar detalles del operativo que el Ejecutivo de la ciudad lanzó para la limpieza de la zona, con la participación de voluntarios.
Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, lamentó hoy que «unos 100 o 200 violentos» hayan «empañado» la marcha del viernes en Plaza de Mayo para pedir la aparición de Santiago Maldonado y aseguró que la Policía del distrito actuó para detener los destrozos y proteger a quienes participaban de la manifestación y se estaban retirando a sus casas.
«Hubo una manifestación donde hubo mucha gente y se desenvolvió en paz. Al final, cuando quedaba poca gente en la plaza (de Mayo), 100 o 200 vándalos violentos que empezaron a tirar piedras y destrozar el espacio público y comercios, y es ahí donde actuó la policía para impedir», dijo Santilli en declaraciones a Télam Radio.
En tanto, la abogada referente de la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, dijo que el juez federal Marcelo Martínez de Giogi «tiene diez días para proceder al sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento» de los liberados por los incidentes en Plaza de Mayo tras la marcha.
«Advertimos (en las indagatorias de ayer) una primera cuestión gravísima porque no coinciden los lugares donde la policía dice que detuvo a las personas con los lugares donde realmente fueron detenidos, y eso lo podemos corroborar», planteó la abogada en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo.
